La defensora yoreme Susana Quintero informó que representantes de las comunidades mayo-yoreme sostuvieron una primera reunión privada con directivos de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), del consorcio suizo-alemán Proman y con intermediarios del gobierno federal para abordar el proyecto de la planta de amoniaco que pretende instalarse en la Bahía de Ohuira, en Sinaloa.
Quintero explicó que el encuentro representa un avance después de 12 años de solicitudes de diálogo por parte de las comunidades y del colectivo ¡Aquí No!, que se oponen al proyecto por los riesgos ambientales y sociales que, aseguran, implica para la región. Señaló que durante la reunión se presentaron planteamientos concretos sobre la obra, los cuales serán revisados por los equipos técnicos de las tres partes involucradas para evitar interpretaciones erróneas y contar con elementos suficientes antes de cualquier decisión.
La defensora detalló que la jornada se extendió durante siete horas de trabajo, con sesiones que calificó como intensas y agotadoras. Añadió que, una vez concluido el análisis técnico, los resultados serán presentados directamente a las comunidades, que serán las encargadas de definir la postura final frente al proyecto.
Quintero reiteró que el posicionamiento de los pueblos mayo-yoreme continúa siendo de rechazo a la construcción de la planta, bajo la consigna «Aquí no», y sostuvo que cualquier determinación deberá surgir de una decisión colectiva de las comunidades.
Entre los argumentos expuestos por los opositores al proyecto destacan los posibles riesgos asociados a una fuga de amoniaco. De acuerdo con las comunidades, un escape de cinco minutos podría generar una nube tóxica con consecuencias mortales en un radio de cuatro kilómetros, provocar lesiones graves hasta 14.5 kilómetros y afectar un área de hasta 45 kilómetros. También advierten que el amoniaco pondría en riesgo el ecosistema lagunar del que dependen las comunidades mayo-yoreme y que consideran un sitio sagrado.
Finalmente, Quintero insistió en que serán las propias comunidades quienes tendrán la última palabra sobre el futuro del proyecto, una vez que conozcan y evalúen los resultados de las mesas de diálogo.
