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Estudiantes, trabajadores y organizaciones ambientalistas protestaron este jueves en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra la participación del juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en la inauguración del XI Congreso Argentino de Derecho Ambiental. La movilización derivó en la suspensión del encuentro, en medio de cuestionamientos a las políticas del presidente Javier Milei y al papel del Poder Judicial.

Los manifestantes expresaron su rechazo a las propuestas gubernamentales relacionadas con la propiedad de la tierra, al considerar que podrían facilitar la adquisición de territorios por capitales extranjeros. También exigieron la anulación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, al que atribuyen efectos contrarios al marco jurídico y a los intereses nacionales.

Durante la protesta, algunos participantes cuestionaron que Lorenzetti encabezara un encuentro sobre protección ambiental, debido a sus posiciones en asuntos relacionados con el territorio y los bienes comunes. Asimismo, criticaron la composición de la Corte Suprema, integrada por tres magistrados, y recordaron la controversia por las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz durante el gobierno de Mauricio Macri.

En el ámbito legislativo, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa sobre la inviolabilidad de la propiedad privada que contempla procedimientos de desalojo más expeditos por incumplimientos en el pago de alquileres o vencimientos contractuales. La medida genera preocupación entre sectores que advierten sobre sus posibles consecuencias para las familias que enfrentan dificultades para cubrir rentas elevadas.

La situación económica también ha generado pronunciamientos de la Iglesia católica, cuyos representantes han alertado sobre el aumento de la pobreza y las necesidades de los comedores populares que funcionan en el país.

En paralelo, el embajador estadounidense Peter Lamelas afirmó en una reunión empresarial en Neuquén que el financiamiento de organismos de su país podría aumentar de siete mil millones a más de 20 mil millones de dólares, condicionado a que Argentina mantenga el rumbo político y económico del actual gobierno. Sus declaraciones provocaron críticas por una posible injerencia en los asuntos internos argentinos.

La visita del subsecretario de Estado Christopher Landau y del funcionario Juan Pablo Segura forma parte de los preparativos para el viaje del vicepresidente estadounidense, JD Vance, previsto para noviembre. Entre los temas de interés figura el corredor Andes-Atlántico y el posible financiamiento de proyectos mediante organismos estadounidenses.

Además, Estados Unidos establecerá en Buenos Aires una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), destinada a coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Miles de personas se movilizaron en distintas ciudades europeas por motivos políticos, educativos y económicos. En Francia, las protestas estuvieron marcadas por enfrentamientos y saqueos; en Albania, las tensiones llegaron al Parlamento, mientras que en Italia una huelga de camioneros afectó la producción de mozzarella de búfala.

En París, miles de manifestantes salieron a las calles pese a las restricciones impuestas después de un fin de semana de disturbios que dejó daños en edificios públicos y comercios. El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su intención de recuperar la calma y aseguró que escuchará las demandas e inquietudes de la comunidad estudiantil antes de las nuevas movilizaciones previstas para el sábado 24 de octubre.

Las autoridades prohibieron las manifestaciones no organizadas por sindicatos en París y otras ciudades, entre ellas Lyon, Marsella, Toulon y Niza. En la capital francesa, la Confederación General del Trabajo convocó una marcha entre la Plaza de la Bastilla y la Plaza de la Nación, bajo el compromiso de mantener la protesta estática. Macron atribuyó parte de los disturbios a grupos organizados de ultraizquierda, a los que responsabilizó de buscar desestabilizar la República.

En Viena, Austria, cerca de 25 mil estudiantes marcharon con pancartas y tambores para denunciar el financiamiento insuficiente de las universidades públicas. Los manifestantes expresaron su preocupación por el presupuesto previsto de 16 millones de euros para el periodo 2028-2030, al considerar que podría ocasionar recortes de empleos, menos cursos, deterioro de las condiciones de aprendizaje y limitaciones para la investigación científica.

Por otra parte, en Albania, los enfrentamientos entre legisladores marcaron una sesión parlamentaria después de más de una semana de disturbios en la capital. La oposición acusó al gobierno de reprimir violentamente las manifestaciones. Los diputados intercambiaron acusaciones, lanzaron agua y documentos y protagonizaron empujones luego de exhibir imágenes de un manifestante que, según afirmaron, resultó herido por la policía. Las movilizaciones estudiantiles exigen mayor respaldo a la educación y la renuncia del primer ministro, Edi Rama.

En el sur de Italia, una protesta de camioneros paralizó parte de la cadena de producción de mozzarella de búfala, con pérdidas estimadas en tres millones de euros en 24 horas. El bloqueo impidió transportar leche a las queserías de la región de Nápoles y distribuir el producto terminado.

Los transportistas protestan por el encarecimiento del diésel, atribuido en el reporte a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Aunque el gobierno italiano aprobó nuevas exenciones fiscales para el sector, al cierre del reporte no estaba claro si las medidas serían suficientes para poner fin al conflicto.

La interrupción representa un desafío adicional para los productores, ya que la leche de búfala debe transformarse en mozzarella en un plazo máximo de 60 horas.

El Gobierno de Francia anunció este jueves nuevas restricciones a las manifestaciones y un refuerzo de las medidas de seguridad para contener los disturbios registrados el sábado 17 de octubre en varias ciudades. El presidente Emmanuel Macron convocó un Consejo de Defensa para este viernes, donde se analizarán medidas adicionales para restablecer el orden público.

Tras reunirse con responsables de seguridad interior, Macron informó que los prefectos podrán prohibir concentraciones que no hayan sido convocadas por sindicatos, cuando consideren que existe riesgo de alteraciones al orden público. Las marchas sindicales autorizadas podrán continuar, aunque deberán seguir itinerarios alternativos para proteger comercios y edificios públicos.

El mandatario recomendó evitar las manifestaciones durante los próximos días y señaló que las solicitudes se evaluarán conforme a la legislación. Para este sábado, las autoridades prevén prohibir las concentraciones que no cumplan los requisitos establecidos.

Los disturbios ocurrieron en distintas ciudades durante las protestas masivas contra el encarecimiento del costo de la vida. Macron atribuyó parte de los incidentes a grupos organizados de ultraizquierda, a los que responsabilizó de actos violentos y planificados. También señaló que otros delitos cometidos durante los enfrentamientos deberán investigarse y sancionarse.

Como parte de la respuesta gubernamental, se mantendrán los toques de queda en diversas localidades y se desplegarán de manera intensiva fuerzas móviles de seguridad. Según Macron, miles de personas han sido detenidas y cientos encarceladas, mientras continúan las investigaciones para determinar la participación de los implicados.

La respuesta de las autoridades también ha generado controversia. Este jueves, una movilización universitaria autorizada judicialmente fue encapsulada por la Policía para impedir que se realizara, de acuerdo con la información difundida.

El Gobierno francés sostuvo reuniones con representantes sindicales y prevé dialogar con dirigentes políticos y alcaldes de París, Marsella y Lyon, ciudades afectadas por destrozos y saqueos.

Macron afirmó que buscará mantener el diálogo sobre las demandas sociales, particularmente las de la juventud. Para el lunes está programado un encuentro con organizaciones estudiantiles, docentes, sindicatos, empresarios, autoridades territoriales y parlamentarios. Mientras tanto, también se reportan movilizaciones en Albania y España, así como protestas registradas el miércoles en Grecia.

El papa León XIV, de 71 años, no necesitará tratamiento adicional después de someterse a una cirugía para extirpar un tumor canceroso en el pulmón, informaron sus médicos este miércoles mediante un comunicado difundido por el Vaticano.

De acuerdo con los resultados de las pruebas médicas, el cáncer del pontífice se encontraba localizado, por lo que no será necesario recurrir a tratamientos posteriores. Una evaluación oncológica realizada después de la intervención confirmó esta conclusión, según el equipo médico.

La operación se llevó a cabo la semana pasada. Ocho días después del procedimiento y cuatro días tras recibir el alta del Policlínico Gemelli de Roma, el papa retomó una actividad pública al recorrer la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano.

Durante su visita, León XIV saludó a los fieles que se congregaron para participar en la Audiencia General. Su aparición ocurrió pocos días después de abandonar el hospital, donde permaneció bajo atención médica tras la cirugía.

El comunicado del Vaticano señaló que la evaluación posterior a la intervención descartó la necesidad de continuar con un tratamiento oncológico. La información difundida no detalló otros procedimientos médicos ni precisó si el pontífice deberá someterse a revisiones periódicas.

La presencia del papa ante los asistentes a la audiencia marcó su regreso a una actividad pública tras la operación. Sin embargo, los datos disponibles sobre su recuperación se limitan a la información proporcionada por sus médicos y a su aparición en la plaza.

El anuncio sobre su estado de salud se produce en un contexto de atención internacional a la evolución médica del pontífice, quien asumió el liderazgo de la Iglesia católica como sucesor de Francisco.

Por el momento, la principal información confirmada por el equipo médico es que el tumor fue localizado y que, tras la cirugía y la evaluación oncológica correspondiente, no se considera necesario un tratamiento adicional.

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, en San Petersburgo, en un nuevo intento por impulsar negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. El encuentro ocurrió un día después de que Witkoff conversara en Oslo con el mandatario ucraniano, Volodymir Zelensky, y representantes de sus aliados europeos.

Durante la reunión, Witkoff entregó al Kremlin documentos con propuestas para terminar el conflicto, elaboradas con la participación de Kiev y sus aliados europeos. Sin embargo, analistas consideran que el encuentro ofrece pocas perspectivas de un acuerdo político inmediato, debido a las diferencias entre las partes.

Al concluir las conversaciones, Yuri Ushakov, asesor de Putin en política exterior y seguridad, señaló que Moscú está dispuesto, en principio, a reanudar las negociaciones tripartitas con Ucrania y Estados Unidos alrededor del 10 de noviembre. El objetivo sería discutir un sistema de seguridad para ambos países una vez terminado el conflicto. No obstante, Ushakov calificó de poco útiles algunos planteamientos europeos y ucranianos para alcanzar una solución negociada.

Por su parte, Zelensky expresó su disposición a congelar la actual línea del frente como una medida para detener las muertes y avanzar hacia un alto el fuego. Aclaró que esta propuesta no implica renunciar definitivamente a los territorios que Ucrania considera ocupados y sostuvo que cualquier acuerdo debe incluir garantías de seguridad. También pidió que su país participe directamente en las decisiones que afecten su futuro.

Paralelamente, el Kremlin planteó la posibilidad de una reunión entre Putin, el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping, durante la cumbre de la APEC prevista en Shenzhen para los días 18 y 19 de noviembre, siempre que los tres gobiernos acuerden los temas y las condiciones del encuentro.

La reunión también incluyó referencias al suministro de diésel ruso a Estados Unidos y a la liberación del ciudadano estadounidense Stephen Hubbard, encarcelado en Rusia por combatir del lado ucraniano.

Finalmente, el politólogo ruso Kiril Rogov consideró que el encuentro podría servir a Trump para mejorar su imagen antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre. Según este análisis, el rumbo de la política de Washington hacia Rusia y Ucrania podría aclararse después de los comicios.

El encarecimiento de la vida, las denuncias de corrupción, el deterioro de los servicios públicos y la falta de oportunidades han contribuido a la aparición de 38 focos de conflicto social en distintas regiones del mundo, según un informe elaborado por TResearch International y Consulta Mitofsky. El registro contempla movilizaciones y protestas, incluidos tres casos en México, sin que esto signifique que correspondan a 38 países diferentes.

La economía es el principal detonante de las inconformidades: 20 de los 38 conflictos analizados están relacionados con la inflación, el aumento de los combustibles, los recortes presupuestarios y las dificultades para acceder a una vivienda. En España y Portugal, las protestas se vinculan con los problemas habitacionales; en Bélgica e Italia, con medidas de ajuste, y en Bolivia, con el incremento del precio del diésel.

Por otra parte, 10 casos incluyen denuncias relacionadas con la corrupción, la opacidad, el abuso de poder y las deficiencias de los servicios esenciales. Serbia, Albania y Filipinas figuran entre los países señalados. También destacan las demandas de las nuevas generaciones, afectadas por la precariedad laboral y las dificultades para acceder a la educación y la vivienda, con movilizaciones en Francia, Chile, Argentina y Marruecos, entre otros países.

En cuanto al desarrollo de las protestas, el informe identifica 18 episodios pacíficos, 13 con enfrentamientos contra fuerzas de seguridad y siete en los que la violencia escaló a niveles más severos. Respecto a la respuesta gubernamental, en 20 casos se recurrió a la fuerza policial o a medidas de excepción, incluidos estados de emergencia y toques de queda.

En contraste, solo seis conflictos registraron apertura de canales de diálogo o concesiones, mientras que en otros nueve predominó la tolerancia pasiva y en tres las autoridades minimizaron o negaron las demandas.

La opinión pública también refleja diferencias entre el respaldo a las exigencias ciudadanas y el rechazo a la violencia. En Francia, 68% de las personas consultadas desaprueba la violencia durante las protestas, proporción que alcanza 74% en Chile.

El informe plantea un panorama de tensiones entre las demandas sociales y la respuesta institucional, cuya evolución podría repercutir en las políticas públicas y el escenario político de distintos países.

El gobierno de Francia anunció un refuerzo de las medidas de seguridad ante las nuevas protestas previstas para el sábado, luego de un fin de semana marcado por disturbios, saqueos y enfrentamientos en distintas ciudades. El ministro del Interior, Laurent Núñez, informó que se desplegará la fuerza militar Sentinelle para apoyar a las autoridades y liberar a policías y gendarmes de algunas tareas, de modo que puedan concentrarse en el mantenimiento del orden público.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, adelantó que el operativo policial será “masivo” y tendrá como objetivo el restablecimiento inmediato del orden. Como parte de la respuesta gubernamental, se establecieron toques de queda parciales en varias localidades, entre ellas París y Niza. En Marsella también se prevén restricciones nocturnas para menores de edad hasta el viernes.

En la capital francesa, las autoridades decretaron por segunda noche consecutiva un toque de queda de las 23:00 a las 06:00 horas en la plaza de la República y la zona comercial de Les Halles, identificadas como puntos centrales de los disturbios. Además, la prefectura de policía prohibió concentraciones no autorizadas desde las 20:00 horas en áreas estratégicas, incluidos los Campos Elíseos, estaciones ferroviarias y alrededores de las sedes de la presidencia y el Parlamento.

Lecornu acusó a grupos de “ultraizquierda” de organizar un supuesto plan insurreccional y mencionó el incendio del ayuntamiento de Limoges como ejemplo. En relación con estos hechos, un hombre de 34 años fue detenido. Las investigaciones cuentan también con la participación de la subdirección antiterrorista de la policía judicial.

Las medidas gubernamentales han generado críticas desde distintos sectores políticos. Representantes de la derecha y la extrema derecha cuestionaron la preparación del Ejecutivo ante los disturbios, mientras que sectores de izquierda reprocharon la falta de respuestas a las demandas de cientos de miles de personas que marcharon pacíficamente el sábado contra el alto costo de la vida.

Las autoridades atribuyen los saqueos a delincuentes oportunistas y revisan videos difundidos en redes sociales para identificar a los responsables. Los incidentes también alcanzaron otros países europeos, como Bélgica, Albania e Italia, donde se anunció el envío de 500 soldados para reforzar la seguridad en Milán.

La campaña del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció que presentará este martes un recurso ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para solicitar la anulación de la candidatura de su rival, Flávio Bolsonaro, por una presunta interferencia de la empresa tecnológica Meta en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el próximo domingo.

De acuerdo con una fuente del equipo de Lula citada por la agencia AFP, la impugnación sostiene que la compañía estadounidense habría incurrido en una supuesta “manipulación algorítmica” con efectos perjudiciales para el mandatario brasileño durante la contienda electoral. La denuncia busca que las autoridades electorales examinen la posible intervención de la plataforma en las condiciones de competencia entre los candidatos.

La acusación se produce en medio de cuestionamientos sobre la actuación de Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, en la distribución y moderación de contenidos políticos. La campaña de Lula considera que la presunta interferencia justificaría una revisión judicial de la candidatura de Bolsonaro, aunque la información disponible no establece que el tribunal haya aceptado la solicitud ni que exista una resolución sobre el caso.

Este martes, el Consejo Asesor de Contenido de Meta informó que detectó “fallos recurrentes” en los procedimientos de moderación de la compañía relacionados con las elecciones presidenciales brasileñas y los comicios legislativos de mitad de mandato en Estados Unidos. El señalamiento vuelve a poner bajo escrutinio la responsabilidad de las grandes plataformas digitales en el tratamiento de información política durante los procesos electorales.

La controversia plantea interrogantes sobre la transparencia de los algoritmos, la moderación de publicaciones y la equidad en la difusión de mensajes políticos en redes sociales. También coloca en el centro del debate el papel de las autoridades electorales para garantizar condiciones de competencia entre las candidaturas.

Por ahora, la petición anunciada por el equipo de Lula constituye una acción legal basada en presuntas irregularidades. Corresponderá al Tribunal Superior Electoral evaluar los argumentos presentados y determinar si existen elementos suficientes para adoptar alguna medida. La denuncia se desarrolla en la recta final de una elección marcada por las disputas políticas y los cuestionamientos sobre la influencia de las plataformas digitales.

La ciudad rusa de San Petersburgo, considerada la segunda más importante del país y lugar de nacimiento del presidente Vladimir Putin, sufrió durante la madrugada del domingo un ataque con drones ucranios que, según el reporte, podría ser el mayor registrado en esa localidad desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El gobernador regional, Aleksandr Beglov, confirmó incendios en varias instalaciones estratégicas, entre ellas una terminal petrolera dedicada a la carga y exportación de diésel y otros combustibles a través del mar Báltico. También reportó siniestros en el depósito de hidrocarburos Ruchiy, un centro de datos de la empresa tecnológica VK y un centro logístico de Ozon, una de las principales plataformas de comercio electrónico rusas.

De acuerdo con las autoridades locales, el ataque dejó una persona muerta y cinco heridas. Además, se registraron impactos en al menos 12 edificios residenciales. Imágenes difundidas por habitantes en redes sociales mostraron incendios y daños en la ciudad.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus sistemas antiaéreos derribaron mil 15 aparatos no tripulados en 15 regiones entre las 20:00 del sábado y las 8:00 del domingo. Sin embargo, no especificó cuántos drones alcanzaron sus objetivos ni cuántos se dirigían hacia San Petersburgo.

Analistas ucranios interpretaron la ofensiva como una posible respuesta a los ataques rusos contra instalaciones energéticas de Ucrania, pese al anuncio de una tregua energética promovida por el presidente estadounidense, Donald Trump, el 9 de octubre. Según el mandatario ucranio, durante la semana anterior Rusia lanzó contra su país 2 mil 700 drones, mil 700 bombas aéreas y 66 misiles.

Paralelamente, Volodymir Zelensky rechazó las afirmaciones del jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerasimov, sobre avances territoriales de Moscú. Mientras este último aseguró que las tropas rusas habían tomado 96 localidades y rodeado a dos mil soldados ucranios, Zelensky negó que Dobropolia estuviera bajo control ruso y cuestionó la veracidad de las imágenes presentadas por Rusia.

Varias ciudades europeas vivieron jornadas de protestas sociales, marcadas por reclamos relacionados con el costo de vida, la crisis de vivienda, la desigualdad, la corrupción y los recortes educativos. En países como Italia, Francia, Albania, Bélgica y Portugal, las movilizaciones derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, detenciones y daños materiales.

En Italia, las manifestaciones contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos provocaron disturbios en Milán y Bolonia. En Milán, grupos de encapuchados se enfrentaron con la policía, saquearon comercios y dañaron mobiliario urbano cerca de la catedral y la galería Vittorio Emanuele II. Las autoridades utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua. Más de 60 manifestantes fueron trasladados a comisarías para controles, mientras que 28 personas habían sido detenidas tras los disturbios del sábado en distintas ciudades del norte italiano. En Bolonia también se reportaron enfrentamientos y siete detenciones.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, condenó los actos violentos y acusó a algunos participantes de aprovechar las movilizaciones para generar caos.

En Albania, las protestas contra la corrupción gubernamental, el desempleo y las deficiencias educativas llegaron a su quinto día. Los enfrentamientos frente a edificios oficiales dejaron decenas de heridos, aunque las cifras variaron según las fuentes. Las movilizaciones forman parte de la llamada Revolución de los Flamencos, que también cuestiona un proyecto inmobiliario en la costa adriática vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

En Bélgica, jóvenes protestaron contra los recortes a la educación y la desigualdad; una manifestación en Bruselas terminó en choques con la policía. En Portugal, decenas de miles de personas salieron a las calles de Lisboa para denunciar el encarecimiento de la vivienda, cuyas tasas de adquisición se han duplicado desde 2017, según la información publicada.

Por su parte, Francia registró nuevos disturbios en París tras una jornada de movilizaciones contra el costo de vida que dejó cerca de 2,000 detenidos en el país. La policía dispersó concentraciones con gases lacrimógenos mientras continuaban las labores de limpieza de calles afectadas por barricadas y daños.

Las protestas reflejan el malestar por distintas problemáticas económicas y políticas que afectan a sectores de la población europea.