Por: Rafael Páramo.

En Nuevo León el presupuesto dejó hace tiempo de ser solamente un tema de pesos y centavos para convertirse en una prueba de madurez política. Y quizá por eso resulte tan complicado resolverlo, porque para llegar a un acuerdo todos tendrían que sacrificar algo mucho más preciado en estos tiempos que una partida presupuestal, el ego.

El Gobierno estatal entendió que ya no alcanza con negociar exclusivamente con los diputados, y ha comenzado a tender puentes con fuerzas políticas, cámaras empresariales y organismos de la sociedad civil para construir un presupuesto viable y posible. Es una ruta sensata, después de años de desencuentros, vetos, acusaciones y bloqueos.  Sin embargo, esa vía tampoco significa extender cheques en blanco. Es decir, si se piden recursos para terminar obras, movilidad, seguridad, agua o infraestructura, se tiene que explicar cuánto se necesita, para qué y bajo qué condiciones. Estirar el presupuesto exige prioridades, pero también renuncias.

El problema de la autoridad moral.

Lorena de la Garza se ha convertido en una de las voces más severas contra la administración estatal y está en todo su derecho de cuestionar, pues precisamente para eso está la oposición. Pero quien pretende convertirse en juez político también debe estar dispuesto a someter su propia trayectoria al mismo escrutinio aunque la memoria no sea el fuerte de la ciudadanía para sostener a sus representantes. Los antecedentes y controversias administrativas no desaparecen simplemente porque ahora se ocupe una tribuna. 

Por otra parte, Morena enfrenta un problema distinto y quizá más grave, y es que no termina de decidir qué quiere ser en Nuevo León. La bancada que pretendía presentarse como el fiel de la balanza llega a esta discusión después de perder integrantes y exhibir divisiones internas. Unos quieren confrontar al Gobierno, otros negociar; algunos parecen más cercanos al PRIAN y otros buscan mantener distancia. El resultado es una fuerza política que podría ser determinante, pero que todavía no consigue transmitir una posición coherente. Y ahí aparece la gran paradoja.

Todos dicen defender a la gente. El Estado argumenta que necesita recursos para terminar proyectos. PRI y PAN hablan de disciplina financiera. Morena exige gasto social y rechaza determinadas partidas. Cada uno tiene argumentos atendibles. El problema comienza cuando detrás de esas posiciones aparecen cálculos rumbo a 2027, porque entonces el presupuesto deja de ser una herramienta de gobierno y empieza a convertirse en arma electoral.

Nuevo León no puede permitirse eso por otro año más. Hay obras en marcha que deben terminarse, particularmente después de años de inversión en movilidad e infraestructura. Hay necesidades de seguridad que no admiten pausas. Pero también existe la obligación elemental de cuidar las finanzas y evitar que el gasto público termine financiando promoción política disfrazada de comunicación institucional. Por eso tender puentes es probablemente la única salida razonable.

Gobierno, Congreso, empresarios y organizaciones civiles deberían discutir sobre una hoja en blanco cuáles son las prioridades indispensables y cuáles pueden esperar. Deuda, publicidad, participaciones municipales, programas sociales y obras públicas pueden negociarse. Lo que no debería negociarse es el funcionamiento del Estado.

Además, los políticos suelen olvidar que las discusiones presupuestales que hoy parecen incomprensibles para el ciudadano terminan teniendo consecuencias bastante comprensibles. Una obra detenida, un camión que no llega, una patrulla que falta o un programa que desaparece convierten rápidamente la grilla legislativa en problemas cotidianos. Y entonces llega la factura. No será un comunicado del Gobierno ni un discurso desde el Congreso el que determine quién tuvo razón. Serán las próximas elecciones.

Ahí se medirá la verdadera altura política de todos. Del Ejecutivo, si fue capaz de negociar sin abusar; de la oposición, si fiscalizó sin bloquear; y de Morena, si consiguió construir una identidad propia en lugar de convertirse en acompañante circunstancial de sus antiguos adversarios. Porque al final el presupuesto no pertenece a Samuel, Lorena, Morena, PRI, PAN ni Movimiento Ciudadano. Pertenece a la gente. Y quien todavía no haya entendido esa pequeña diferencia probablemente la terminará aprendiendo en las urnas.

Por: Laura Campos Guido – @laura_camposguido.

El martes pasado, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum rindió su Segundo Informe de Gobierno. Habló de recaudación, de empleo, del Tren Maya, de la relación con Estados Unidos. Pero, no mencionó, ni una sola vez, a las personas desaparecidas. 

El silencio no es un detalle menor: ocurre apenas cinco meses después de que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU encendiera una alerta que México no puede seguir esquivando.

El 2 de abril de este 2026, el CED presentó un informe que documentó 28 mil 880 personas reportadas como desaparecidas entre enero de 2023 y abril de 2025, más de 4 mil 500 fosas clandestinas, alrededor de 6 mil 200 cuerpos localizados en ellas y 4 mil 600 restos humanos hallados sin identificar. El Comité fue más allá: señaló indicios de que en México se han cometido, y se siguen cometiendo, desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, y pidió al secretario general de Naciones Unidas remitir de forma urgente, el caso mexicano a la Asamblea General. Es una medida excepcional, reservada para situaciones que el propio sistema internacional considera de máxima gravedad. El gobierno respondió calificando el documento de «tendencioso y falto de rigor jurídico».

Apenas unos días antes de ese pronunciamiento, la propia administración había reconocido, por voz de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una cifra que resulta imposible de minimizar: 132 mil 534 personas sin paradero conocido, dentro de un registro histórico de 394 mil 645 casos abiertos desde 1952. La presidenta destacó que, durante su gobierno, se ha localizado a más de 31 mil personas. 

Es un dato real y no debe descartarse. Pero localizar no es lo mismo que prevenir, y encontrar cuerpos no es lo mismo que hacer justicia.

Ese es precisamente el contraste que debería inquietarnos: un gobierno capaz de presentar cifras detalladas ante la prensa en marzo, capaz de reconocer la magnitud del problema cuando la pregunta llega en la mañanera, pero incapaz de sostener esa misma franqueza en el escenario más solemne de rendición de cuentas del año. 

El Informe de Gobierno no es un trámite protocolario, es el momento en que el Estado mexicano se mira a sí mismo frente al país. Omitir ahí a las madres y padres buscadores, a los colectivos que llevan años exhumando fosas que las instituciones no exhumaron, envía un mensaje que ninguna cifra positiva compensa.

No se trata de exigir un espectáculo de autoflagelación institucional. Se trata de algo más simple y más grave: lo que no se nombra, en política, tampoco se resuelve. 

Que el problema exista en la mañanera y desaparezca del Informe no es un descuido de agenda: es una decisión. Las desapariciones no son un tema que se pueda administrar comunicacionalmente ni diluir entre cifras de crecimiento económico; son, como lo dijo el propio Comité de la ONU, indicios de un crimen de lesa humanidad que continúa. Cada nombre omitido en el Informe sigue teniendo una madre que lo busca. Un Estado que calla en un informe lo que sí sabe decir ante un micrófono no está gestionando comunicación: está eligiendo a quién le rinde cuentas de verdad.

Por: Jorge H. Berlanga Ramírez.

Hace casi una década, México levantó una arquitectura institucional para combatir la corrupción. Se crearon sistemas nacionales y estatales, comités coordinadores, secretarías ejecutivas, fiscalías especializadas. Se reformaron constituciones. Se escribieron leyes generales y locales. En Nuevo León hicimos todo eso, y lo hicimos razonablemente bien sobre el papel.

La pregunta que casi nadie quiere hacerse en voz alta es después de todo ese esfuerzo, ¿a cuántos funcionarios públicos de este estado hemos visto sancionados en firme por corrupción?

Usted ya conoce la respuesta, y no necesita que se la dé un investigador. La conoce porque no recuerda ningún caso. Y esa ausencia de recuerdo, que parece un dato blando, es en realidad la medición más honesta que tenemos del desempeño de nuestro sistema anticorrupción.

He dedicado los últimos años a estudiar por qué ocurre esto, y quiero ofrecer una explicación que no es la que suele darse. No creo que el problema principal sea la falta de voluntad política, aunque esa falta exista. Tampoco creo que sea la ausencia de leyes, porque leyes tenemos de sobra. El problema es más profundo y bastante más aburrido: el sistema fue diseñado de manera que cada eslabón dependa del anterior, y basta que uno se rompa para que todo lo demás quede de adorno.

Piénselo como una cadena. Alguien tiene que denunciar. Un órgano interno de control investiga. El procedimiento se sustancia. Un tribunal resuelve. Y la resolución queda firme. Si en cualquiera de esos eslabones el flujo se detiene, la corrupción que ocurrió al principio de la cadena nunca produce una consecuencia al final. Se pierde en el camino, y nadie tiene que explicar dónde.

Ahora observe dónde están esos eslabones. El órgano interno de control de un municipio suele ser nombrado por el mismo presidente municipal a quien tendría que fiscalizar. Su presupuesto lo aprueba el mismo ayuntamiento que investigaría. Su personal lo contrata la misma administración cuyos contratos revisaría. Le hemos pedido a un funcionario que muerda la mano que lo alimenta, y luego nos sorprende que no muerda.

Esto no es un defecto de las personas. Es un defecto de diseño. Y los defectos de diseño no se corrigen con exhortos a la honestidad.

Lo que la experiencia comparada muestra, aquí y en otros estados, es que la variable que mejor predice si un órgano de control produce sanciones no es la calidad moral de quien lo dirige. Son tres cosas mucho más prosaicas: cuánta autonomía tiene para decidir qué investiga, cuánto presupuesto tiene para hacerlo y cuánta gente tiene para ejecutarlo. Donde esas tres condiciones existen, aparecen sanciones. Donde faltan, aparecen informes.

Hay una consecuencia de todo esto que rara vez se discute y que me parece la más grave. Cuando un ciudadano de Guadalupe, de Apodaca o de García sufre un acto de corrupción y no denuncia, solemos llamarlo apatía. Yo creo que se equivoca quien lo llama así. Ese ciudadano ha observado el sistema años. Ha visto qué resulta de las denuncias. Y ha llegado a una conclusión racional: no vale la pena el tiempo, el trámite ni el riesgo. No está siendo apático. Está haciendo bien las cuentas.

Y ahí está la trampa. Como no denuncia, el sistema recibe pocas denuncias. Como recibe pocas denuncias, produce pocas sanciones. Como produce pocas sanciones, le confirma al ciudadano que no valía la pena denunciar. El círculo se cierra sobre sí mismo, y cada vuelta lo vuelve más difícil de romper.

¿Qué se puede hacer? Empiezo por lo que no sirve. No sirve otra campaña que invite a denunciar, porque la gente no calla por desinformación. No sirve otra reforma que agregue una instancia más a la cadena, porque el problema no es que falten instancias. Y no sirve, sobre todo, seguir midiendo el éxito del sistema por el número de reuniones que celebra su comité coordinador.

Lo que sí serviría es más incómodo y menos vistoso. Darle a los órganos internos de control municipales autonomía real en el nombramiento y la remoción de sus titulares. Asignarles un presupuesto que no dependa de la buena voluntad de quien van a fiscalizar. Y publicar, cada año, una sola cifra en un lugar donde todos podamos verla: cuántas personas servidoras públicas fueron sancionadas en firme, en cada municipio, con el cargo y el tipo de falta.

Esa cifra sola haría más que diez campañas. Porque el día que un ciudadano de esta ciudad vea que denunciar produce una consecuencia, va a denunciar. No por civismo. Por la misma razón por la que hoy no lo hace: porque estará haciendo bien las cuentas.

Construimos un sistema anticorrupción. Nos falta hacerlo funcionar. Y eso, a diferencia de lo primero, no se resuelve con una reforma constitucional. Se resuelve con decisiones presupuestales concretas que alguien tiene que atreverse a tomar.

*El autor es doctor en Gerencia Pública y Política Social, Coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León e Investigador Nacional Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Investiga políticas públicas, gobernanza y anticorrupción.

Por: Roberto Gallardo

No entiendo qué está pasando en México.

El Gobierno está quitando los exámenes de admisión para las Preparatorias. ¿Acaso no saben que la educación requiere un entorno de exigencia y disciplina?

¿Acaso no están pensando en la juventud?

Nunca, a ningún joven le benefició que le regalaran un lugar que no se ganó con esfuerzo.

Por lo que se ve, los gobernantes excusan esa barbaridad diciendo que la medida sería «incluyente». Pero el acceso sin filtro no es inclusión, es condenar a los estudiantes a llegar sin herramientas a un mundo que sí exige.

La exigencia no es castigo, es el único camino real para que un sistema educativo empuje a los niños a trabajar y esforzarse, que los lleve a tener mejor autoestima y descubrir de qué están hechos.

Por eso, eliminar los exámenes no es un acto de justicia social, sino un acto de cobardía institucional. Es rendirse ante la dificultad en lugar de acompañar a los jóvenes a superarla.

Si realmente queremos inclusión, que sea con más apoyo, con más tutorías, con más tiempo por alumno, pero nunca con menos requisitos.

Porque bajar la vara no los eleva a ellos; lo único que logra es bajar el futuro de todo el país.

Al final, la vida no perdona ni regala nada. Y si no les enseñamos eso en la escuela, les estaremos fallando dos veces: primero, por no prepararlos; segundo, por hacerles creer que no necesitaban esforzarse al máximo.

Exigir no es excluir, exigir es preparar. Y prepararlos es precisamente nuestra responsabilidad.

Por Felipe Marañón

Buena parte de lo que conocemos sobre la sociedad no proviene de la experiencia directa. Construimos nuestra percepción del mundo también mediante historias, imágenes, noticias, películas, publicidad y, actualmente, contenidos que encontramos todos los días en redes sociales. En ese proceso aprendemos formas de identificar a distintos grupos y también ciertas ideas sobre cómo suponemos que son o deberían comportarse. Ahí aparecen los estereotipos.

Estas representaciones permiten simplificar una realidad social compleja, pero también pueden hacer que observemos a las personas a partir de características previamente asignadas. La edad, el género, la apariencia, la profesión, el lugar de origen o incluso determinadas preferencias pueden convertirse en etiquetas que influyen en nuestras expectativas. El reto surge cuando dejamos de reconocer la diversidad que existe dentro de cualquier grupo y comenzamos a pensar que una característica representa necesariamente a todos sus integrantes.

Los medios de comunicación han contribuido históricamente a construir y difundir muchas de estas imágenes. Sin embargo, el escenario actual tiene una diferencia sustantiva: las audiencias también producen contenidos. Las generaciones jóvenes viven en un entorno donde un video, una fotografía, un meme o una tendencia pueden alcanzar una enorme visibilidad en muy poco tiempo. Cada usuario puede recibir mensajes, reinterpretarlos y ponerlos nuevamente en circulación.

Esta dinámica también alcanza a la política. Las ideas que tenemos sobre quienes gobiernan, participan en una elección, protestan, defienden alguna causa o simplemente expresan una posición sobre un asunto público están relacionadas con las representaciones que circulan en los medios. Incluso contenidos creados principalmente para entretener pueden transmitir ideas sobre liderazgo, autoridad, género, juventud, ciudadanía o participación.

Por eso la cultura política se construye también en los espacios cotidianos. No se limita al conocimiento de partidos, elecciones o instituciones. Se relaciona con la manera en que entendemos nuestra posición dentro de la sociedad, cómo nos vinculamos con otras personas y qué lugar otorgamos al diálogo, la diversidad y la participación. Una conversación entre amigos, una publicación compartida o un contenido visto durante unos segundos pueden formar parte de ese aprendizaje.

Para los jóvenes, esta realidad representa una oportunidad importante. Nunca había existido tanta facilidad para acceder a información, contrastar perspectivas y participar públicamente en conversaciones sociales. Al mismo tiempo, esa abundancia hace necesario desarrollar una mirada más cuidadosa sobre aquello que aparece en nuestras pantallas. La popularidad de un contenido no determina necesariamente su precisión, así como la repetición constante de una representación tampoco significa que describa adecuadamente a un grupo.

Reconocer los estereotipos no implica eliminar el humor, las opiniones o las diferencias. Significa comprender que detrás de las categorías existen personas y realidades mucho más diversas. También supone reconocer que cada contenido que compartimos contribuye, aunque sea de manera pequeña, a fortalecer determinadas formas de observar a los demás.

En una sociedad cada vez más conectada, la formación ciudadana también pasa por aprender a convivir con esa diversidad de mensajes. Los medios y las redes sociales pueden reproducir etiquetas, pero igualmente pueden abrir espacios para conocer perspectivas distintas y comprender mejor nuestro entorno. Desarrollar una cultura política más informada comienza también ahí: en la manera en que observamos, interpretamos y compartimos el mundo que aparece todos los días frente a nuestras pantallas.

Por: Dra. Dinorah Moreno.

Continuamente se dice que las y los jóvenes son el futuro de la sociedad. La frase parece esperanzadora, pero también puede convertirse en una manera de posponer su participación. La juventud no solamente representa el futuro: forma parte del presente, enfrenta los problemas actuales y vive directamente las consecuencias de las decisiones públicas. Sin embargo, muchas personas jóvenes sienten que su voz no es escuchada, que las instituciones se encuentran alejadas de sus necesidades y que la democracia aparece solamente cuando llega el momento de pedirles el voto.

Hablar de democracia no debería limitarse a hablar de elecciones, campañas o partidos políticos. La democracia también se vive en la colonia cuando las personas se organizan para exigir mejores servicios; en la escuela cuando el alumnado puede expresar sus opiniones; en una comunidad que defiende sus derechos; y en cada espacio donde se escucha, se dialoga y se construyen acuerdos. Una democracia verdadera se reconoce en la vida cotidiana, especialmente cuando permite que la ciudadanía intervenga en las decisiones que afectan su bienestar.

No obstante, para muchas y muchos jóvenes, la democracia se ha convertido en una promesa que pocas veces se refleja en su realidad. Se les dice que pueden elegir, pero no siempre sienten que tienen opciones verdaderamente representativas. Se les invita a participar, pero con frecuencia sus propuestas no son tomadas en cuenta. Se les pide confiar en las instituciones, aunque diariamente conocen casos de corrupción, abuso de poder, impunidad y promesas incumplidas.

Ante este panorama, no resulta extraño que aparezca la desafección política. Este término puede sonar complejo, pero describe una situación muy cercana: dejar de confiar, sentirse distante de la política y pensar que participar no cambiará las cosas. Es la sensación de que las decisiones siempre se toman entre las mismas personas y que las necesidades ciudadanas solamente adquieren importancia durante los periodos electorales.

Sin embargo, desconfiar de la política no significa necesariamente desinteresarse por lo que sucede en la sociedad. Las juventudes se preocupan por la inseguridad, la desigualdad, la falta de oportunidades laborales, la violencia contra las mujeres, el acceso a la vivienda, la discriminación, el medioambiente y la calidad de la educación. Son problemas que afectan su presente y condicionan sus proyectos de vida.

Por ello, resulta injusto afirmar que las y los jóvenes son apáticos simplemente porque no participan de la manera tradicional. Su participación ha cambiado. Actualmente expresan sus inconformidades en redes sociales, apoyan movimientos, comparten información, firman peticiones, organizan colectas y hacen visibles problemáticas que antes tenían poca presencia en los medios de comunicación. Estas acciones también forman parte de la vida democrática.

Las redes sociales les han permitido tomar la palabra sin esperar la autorización de una institución. A través de TikTok, Instagram, YouTube o X pueden denunciar injusticias, cuestionar a las autoridades y conectarse con otras personas que comparten sus preocupaciones. Un video puede visibilizar en pocas horas un problema que durante años fue ignorado. Un mensaje puede iniciar una conversación pública y una etiqueta puede reunir miles de voces alrededor de una causa.

Pero este escenario también tiene dificultades. En las redes circula información falsa, contenido manipulado y mensajes que buscan enfrentar a las personas. Los problemas complejos se reducen a videos de pocos segundos y las discusiones públicas se convierten fácilmente en ataques personales. La rapidez con la que consumimos información puede impedirnos detenernos a preguntar si lo que vemos es verdadero, quién lo publica y con qué intención.

La democracia necesita una ciudadanía informada, pero también una ciudadanía dispuesta a escuchar. No todas las personas pensamos igual y esa diferencia no debería entenderse como una amenaza. Vivir democráticamente significa aceptar que existen distintas ideas, necesidades y formas de comprender el mundo. También implica aprender a debatir sin descalificar, defender una postura con argumentos y reconocer que ninguna persona tiene todas las respuestas.

Uno de los mayores riesgos de la desafección es que la desconfianza termine convirtiéndose en indiferencia. Cuando dejamos de participar porque creemos que nada cambiará, otras personas deciden por nosotros. La política no desaparece cuando la ciudadanía se aleja; simplemente queda en manos de grupos más pequeños. No interesarse por las decisiones públicas tampoco evita sus consecuencias: estas siguen afectando la seguridad, el transporte, la educación, el empleo, la salud y los servicios que recibimos.

El voto continúa siendo una herramienta importante, pero no es la única. La participación ciudadana también ocurre cuando preguntamos qué hacen nuestros representantes, exigimos transparencia, presentamos una propuesta, asistimos a una reunión vecinal o colaboramos con alguna organización. Participar es informarnos antes de compartir una noticia, escuchar a quienes viven una realidad distinta y defender los derechos propios y ajenos.

No obstante, recuperar la confianza juvenil no depende solamente de las y los jóvenes. Las instituciones y los partidos políticos deben preguntarse por qué tantas personas han dejado de creer en ellos. No basta con pedir participación; primero deben demostrar que están dispuestos a escuchar. Tampoco basta con incluir a jóvenes en fotografías, campañas o eventos simbólicos. Es necesario darles espacios reales de decisión y permitir que sus propuestas tengan consecuencias concretas.

Los gobiernos necesitan acercarse a la ciudadanía con claridad, rendir cuentas y ofrecer resultados. Los partidos deben dejar de buscar a las juventudes únicamente cuando necesitan votos. Las escuelas y universidades, por su parte, deben fortalecer la formación ciudadana, no para imponer una ideología, sino para enseñar a pensar críticamente, distinguir información confiable y participar de manera responsable.

La desafección juvenil debe entenderse como una llamada de atención. Si tantas personas jóvenes desconfían de la democracia, no podemos conformarnos con señalar su falta de interés. Debemos revisar qué está haciendo la democracia para representarlas, incluirlas y responder a sus necesidades. La confianza no se exige ni se recupera mediante discursos: se construye con congruencia, apertura y resultados.

Las juventudes no necesitan que se les diga constantemente que son importantes. Necesitan comprobar que su voz puede influir, que sus preocupaciones son legítimas y que existen caminos para transformar su entorno. También necesitan reconocer que la democracia, aunque imperfecta, puede ser defendida, cuestionada y mejorada mediante la participación ciudadana.

Quizá la pregunta no sea por qué las y los jóvenes dejaron de creer en la democracia. La pregunta que debería preocuparnos es qué hemos hecho, como instituciones y como sociedad, para que dejaran de confiar en ella. Responderla requiere escuchar sin prejuicios y aceptar que la democracia debe renovarse.

Todavía existe una oportunidad. La inconformidad juvenil puede transformarse en participación, vigilancia y propuestas. Para lograrlo, es necesario acercar la democracia a la vida cotidiana y demostrar que participar sí puede producir cambios. Porque una democracia sin jóvenes pierde fuerza, pero una juventud que reconoce el valor de su voz puede transformar no solamente el futuro, sino también el presente.

Por René González

Tigres, un momento de definición.

Comparto estas líneas no sin antes advertir que bajo cualquier escenario o circunstancia y pase lo que pase en los próximos días y semanas con nuestros queridos Tigres de la UANL, siempre estaremos para apoyar al equipo auriazul en la cancha: incondicionalmente. No se confunda la crítica fraterna y constructiva con los reventadores que suelen aflorar en épocas de crisis.

Hoy Tigres enfrenta una época de turbulencias, quizá como no se vivía desde los años aciagos del descenso, después de la “década de oro” y los 5 campeonatos de liga (2011-2019) logrados con Ricardo “Tuca” Ferreti. “No se vayan a caer” advirtió precisamente el Tuca al recoger sus cosas personales en el Estadio Universitario en mayo de 2021. La frase nos remite al comienzo de una serie de decisiones de la directiva que inauguraron un espiral que ha implicado un desfile de técnicos, la salida en malos términos de figuras históricas del equipo empezando por el propio Tuca, Siboldi, Carioca, Aquino, (a la fecha no se sabe a ciencia cierta qué ocurre con Gignac), algunas jugadoras emblemáticas de Tigres femenil, y todo ello en la actualidad desemboca en la salida por motivos no estrictamente deportivos del entrenador Guido Pizarro. Con este recuento no nos negamos al inevitable “cambio de ciclo” sino a la manera en que se han manejado las cosas.

Desde la desatinada disposición de otorgar la presidencia del equipo a un directivo ajeno a la idiosincrasia del club, de apellido Culebro, que dejó el cargo apenas el 1° de junio tras cinco años de gestión, se ha ido desmantelando el equipo en el plano deportivo, privilegiando el negocio como centro de flotación institucional. 

Lo más “destacado” de 2021 a la fecha no han sido los campeonatos ni los logros deportivos, sino los proyectos de marketing, que han transitado desde acompañar la demagógica promesa de un gobernador ilusionista de construir un supuesto nuevo estadio para Tigres (del cual solo existe el render); cambiar de televisora, que solo condujo a dejar el horario tradicional de los sábados para el desarrollo de los partidos de local; cambiar de marca de cervecería; abrir franquicias de negocios en el estadio, y pensar que al igual que ocurre con los Sultanes de beisbol lo atractivo puede ser un modelo de terraza de espectáculos, cantina y conciertos, todo esto no es negativo en sí, pero se está olvidando que Tigres si tiene una gran y verdadera afición al fútbol, la mejor, la más noble y la incomparable de todo México.

Decía Jorge Valdano “La emoción vinculada al futbol tiene tres grandes impulsores: el sentido de pertenencia, la incertidumbre del resultado y la posibilidad artística”, Tigres ha combinado las tres, la identidad, estilo de juego y la certeza de que no se trata de ganar de todas todas, sino de dejar todo en la cancha. Por ello lo primero es el respeto a la afición que significa la base de la pirámide. 

Repensar el futuro de Tigres desde la esencia, ojalá sea la nueva perspectiva, y en la esencia primero está lo deportivo, sin éxito deportivo el éxito comercial será pasajero, hasta que la afición se canse; quizá incluso por pragmatismo los directivos de Tigres deberían evaluar sus pasos recientes, y permitir que el amor a la camiseta, y el perfil Tigre, sigan creciendo y consolidándose como lo que ha sido en sus momentos luminosos de ejemplo nacional. 

Que no se piense -como ha reflexionado también Valdano- en los aficionados como simples clientes. Vendrá un nuevo momento de definición, no solo de cambio de entrenador, sino de nuevos paradigmas, refrendar las condiciones que han funcionado, y reinventar las necesarias.