Por: Rafael Páramo.
En Nuevo León el presupuesto dejó hace tiempo de ser solamente un tema de pesos y centavos para convertirse en una prueba de madurez política. Y quizá por eso resulte tan complicado resolverlo, porque para llegar a un acuerdo todos tendrían que sacrificar algo mucho más preciado en estos tiempos que una partida presupuestal, el ego.
El Gobierno estatal entendió que ya no alcanza con negociar exclusivamente con los diputados, y ha comenzado a tender puentes con fuerzas políticas, cámaras empresariales y organismos de la sociedad civil para construir un presupuesto viable y posible. Es una ruta sensata, después de años de desencuentros, vetos, acusaciones y bloqueos. Sin embargo, esa vía tampoco significa extender cheques en blanco. Es decir, si se piden recursos para terminar obras, movilidad, seguridad, agua o infraestructura, se tiene que explicar cuánto se necesita, para qué y bajo qué condiciones. Estirar el presupuesto exige prioridades, pero también renuncias.
El problema de la autoridad moral.
Lorena de la Garza se ha convertido en una de las voces más severas contra la administración estatal y está en todo su derecho de cuestionar, pues precisamente para eso está la oposición. Pero quien pretende convertirse en juez político también debe estar dispuesto a someter su propia trayectoria al mismo escrutinio aunque la memoria no sea el fuerte de la ciudadanía para sostener a sus representantes. Los antecedentes y controversias administrativas no desaparecen simplemente porque ahora se ocupe una tribuna.
Por otra parte, Morena enfrenta un problema distinto y quizá más grave, y es que no termina de decidir qué quiere ser en Nuevo León. La bancada que pretendía presentarse como el fiel de la balanza llega a esta discusión después de perder integrantes y exhibir divisiones internas. Unos quieren confrontar al Gobierno, otros negociar; algunos parecen más cercanos al PRIAN y otros buscan mantener distancia. El resultado es una fuerza política que podría ser determinante, pero que todavía no consigue transmitir una posición coherente. Y ahí aparece la gran paradoja.
Todos dicen defender a la gente. El Estado argumenta que necesita recursos para terminar proyectos. PRI y PAN hablan de disciplina financiera. Morena exige gasto social y rechaza determinadas partidas. Cada uno tiene argumentos atendibles. El problema comienza cuando detrás de esas posiciones aparecen cálculos rumbo a 2027, porque entonces el presupuesto deja de ser una herramienta de gobierno y empieza a convertirse en arma electoral.
Nuevo León no puede permitirse eso por otro año más. Hay obras en marcha que deben terminarse, particularmente después de años de inversión en movilidad e infraestructura. Hay necesidades de seguridad que no admiten pausas. Pero también existe la obligación elemental de cuidar las finanzas y evitar que el gasto público termine financiando promoción política disfrazada de comunicación institucional. Por eso tender puentes es probablemente la única salida razonable.
Gobierno, Congreso, empresarios y organizaciones civiles deberían discutir sobre una hoja en blanco cuáles son las prioridades indispensables y cuáles pueden esperar. Deuda, publicidad, participaciones municipales, programas sociales y obras públicas pueden negociarse. Lo que no debería negociarse es el funcionamiento del Estado.
Además, los políticos suelen olvidar que las discusiones presupuestales que hoy parecen incomprensibles para el ciudadano terminan teniendo consecuencias bastante comprensibles. Una obra detenida, un camión que no llega, una patrulla que falta o un programa que desaparece convierten rápidamente la grilla legislativa en problemas cotidianos. Y entonces llega la factura. No será un comunicado del Gobierno ni un discurso desde el Congreso el que determine quién tuvo razón. Serán las próximas elecciones.
Ahí se medirá la verdadera altura política de todos. Del Ejecutivo, si fue capaz de negociar sin abusar; de la oposición, si fiscalizó sin bloquear; y de Morena, si consiguió construir una identidad propia en lugar de convertirse en acompañante circunstancial de sus antiguos adversarios. Porque al final el presupuesto no pertenece a Samuel, Lorena, Morena, PRI, PAN ni Movimiento Ciudadano. Pertenece a la gente. Y quien todavía no haya entendido esa pequeña diferencia probablemente la terminará aprendiendo en las urnas.
