Por: Laura Campos Guido – @laura_camposguido.
El martes pasado, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum rindió su Segundo Informe de Gobierno. Habló de recaudación, de empleo, del Tren Maya, de la relación con Estados Unidos. Pero, no mencionó, ni una sola vez, a las personas desaparecidas.
El silencio no es un detalle menor: ocurre apenas cinco meses después de que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU encendiera una alerta que México no puede seguir esquivando.
El 2 de abril de este 2026, el CED presentó un informe que documentó 28 mil 880 personas reportadas como desaparecidas entre enero de 2023 y abril de 2025, más de 4 mil 500 fosas clandestinas, alrededor de 6 mil 200 cuerpos localizados en ellas y 4 mil 600 restos humanos hallados sin identificar. El Comité fue más allá: señaló indicios de que en México se han cometido, y se siguen cometiendo, desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, y pidió al secretario general de Naciones Unidas remitir de forma urgente, el caso mexicano a la Asamblea General. Es una medida excepcional, reservada para situaciones que el propio sistema internacional considera de máxima gravedad. El gobierno respondió calificando el documento de «tendencioso y falto de rigor jurídico».
Apenas unos días antes de ese pronunciamiento, la propia administración había reconocido, por voz de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una cifra que resulta imposible de minimizar: 132 mil 534 personas sin paradero conocido, dentro de un registro histórico de 394 mil 645 casos abiertos desde 1952. La presidenta destacó que, durante su gobierno, se ha localizado a más de 31 mil personas.
Es un dato real y no debe descartarse. Pero localizar no es lo mismo que prevenir, y encontrar cuerpos no es lo mismo que hacer justicia.
Ese es precisamente el contraste que debería inquietarnos: un gobierno capaz de presentar cifras detalladas ante la prensa en marzo, capaz de reconocer la magnitud del problema cuando la pregunta llega en la mañanera, pero incapaz de sostener esa misma franqueza en el escenario más solemne de rendición de cuentas del año.
El Informe de Gobierno no es un trámite protocolario, es el momento en que el Estado mexicano se mira a sí mismo frente al país. Omitir ahí a las madres y padres buscadores, a los colectivos que llevan años exhumando fosas que las instituciones no exhumaron, envía un mensaje que ninguna cifra positiva compensa.
No se trata de exigir un espectáculo de autoflagelación institucional. Se trata de algo más simple y más grave: lo que no se nombra, en política, tampoco se resuelve.
Que el problema exista en la mañanera y desaparezca del Informe no es un descuido de agenda: es una decisión. Las desapariciones no son un tema que se pueda administrar comunicacionalmente ni diluir entre cifras de crecimiento económico; son, como lo dijo el propio Comité de la ONU, indicios de un crimen de lesa humanidad que continúa. Cada nombre omitido en el Informe sigue teniendo una madre que lo busca. Un Estado que calla en un informe lo que sí sabe decir ante un micrófono no está gestionando comunicación: está eligiendo a quién le rinde cuentas de verdad.
