Un juzgado de Bogotá ordenó retirar provisionalmente de las redes sociales oficiales de la Presidencia de Colombia varios videos en los que aparecen cadáveres tras operativos contra grupos armados. La medida permanecerá vigente mientras se analiza una acción de tutela que cuestiona la difusión del material y sus posibles efectos sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La decisión fue emitida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, a partir de una tutela presentada por el congresista Santiago Osorio. El tribunal deberá determinar si la publicación de las imágenes en canales institucionales representa una vulneración de derechos fundamentales.
La controversia surgió por dos videos difundidos a principios de septiembre. Uno corresponde a la Operación Azarías, realizada en Guaviare. En las imágenes aparece el presidente Abelardo de la Espriella cerca de bolsas que contenían los cuerpos de 23 presuntos integrantes de una disidencia de las FARC abatidos durante el operativo.
El segundo material fue grabado en Riohacha, donde el mandatario ofreció una conferencia acompañado de cuatro cadáveres cubiertos con lonas. Las autoridades señalaron que correspondían a presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS).
La exposición de los cuerpos en cuentas oficiales generó críticas. La defensora del Pueblo, Iris Marín, consideró inapropiado que el Estado utilice imágenes de personas fallecidas como parte de su comunicación sobre los resultados de operaciones de seguridad. También advirtió sobre el riesgo de reproducir una lógica de exhibición de la violencia asociada con el conflicto armado colombiano.
Marín vinculó el debate con el antecedente de los llamados “falsos positivos”, ejecuciones de civiles que fueron presentados como integrantes de grupos armados abatidos en combate.
La Presidencia y el mandatario tienen dos días para responder al juzgado y presentar sus argumentos. Mientras tanto, los videos deberán permanecer ocultos.
La orden, sin embargo, no constituye una resolución definitiva sobre la legalidad de las publicaciones. El tribunal aún deberá decidir si su difusión vulneró los derechos invocados por el congresista.
El caso reabre además el debate sobre los límites de la comunicación gubernamental, particularmente cuando imágenes de violencia son utilizadas para mostrar resultados de políticas de seguridad. La discusión involucra aspectos como la dignidad de las personas fallecidas, la protección de menores y el uso político de imágenes vinculadas con operativos contra grupos criminales.
