Doce países occidentales, entre ellos España, Francia, Reino Unido, Canadá, Suecia e Irlanda, anunciaron una acción coordinada para incrementar la presión internacional sobre Israel debido a la expansión de asentamientos en la Cisjordania ocupada y al aumento de la violencia contra la población palestina.
Los gobiernos participantes plantean adoptar medidas para restringir el comercio de productos provenientes de asentamientos israelíes que consideran ilegales conforme al derecho internacional. La iniciativa fue presentada mediante una declaración conjunta difundida en París, en la que los países expresaron su preocupación por el crecimiento sostenido de estas comunidades y sus consecuencias sobre el territorio palestino.
Los firmantes advirtieron que la expansión de los asentamientos está agravando las condiciones en Cisjordania y representa un obstáculo para preservar la posibilidad de alcanzar una solución de dos Estados, basada en la coexistencia de Israel y Palestina.
El Reino Unido anunció una de las medidas más concretas. El canciller británico, Ed Miliband, informó que Londres prohibirá las importaciones de productos elaborados en asentamientos israelíes ubicados en territorios ocupados. Según explicó, la decisión responde tanto al crecimiento de estas construcciones como a los episodios de violencia atribuidos a colonos contra comunidades palestinas.
Miliband también cuestionó la actuación del Gobierno israelí frente a estos ataques y acusó a las autoridades de hacer “la vista gorda” ante la violencia. Asimismo, señaló que determinadas declaraciones y acciones de integrantes del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu podrían haber contribuido al desplazamiento forzoso de familias palestinas.
Los países involucrados consideran que el avance de los asentamientos reduce las posibilidades de una solución negociada al conflicto israelí-palestino y aumenta las tensiones en una región ya marcada por múltiples crisis.
La declaración refleja además una creciente preocupación entre algunos aliados occidentales de Israel, que han endurecido sus críticas ante la situación en Cisjordania. Los gobiernos participantes insistieron en que el respeto al derecho internacional, el freno a la expansión de los asentamientos y la protección de la población civil son elementos indispensables para conservar las posibilidades de alcanzar una paz duradera.
La iniciativa representa así un nuevo intento de ejercer presión diplomática y económica sobre Israel, mientras la situación territorial y de seguridad continúa dificultando cualquier perspectiva de acuerdo entre israelíes y palestinos.
