La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que el inmueble ubicado en General Anaya 27, colonia Merced Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, fue devuelto el 19 de septiembre de 2025 a la empresa Comercializadora e Inmobiliaria JHASPA, S.A. de C.V., después de que ésta acreditó legalmente la propiedad del edificio.
De acuerdo con la institución, la restitución ocurrió en el marco de una investigación por el delito de despojo, iniciada en diciembre de 2023. Para sustentar la propiedad del inmueble fueron incorporados a la carpeta de investigación diversos documentos, entre ellos un instrumento notarial de compraventa, información catastral y comprobantes de servicios.
Con base en esos elementos, el predio fue asegurado el 9 de enero de 2024. Posteriormente, el Ministerio Público determinó devolverlo a la empresa que acreditó su propiedad, decisión sustentada en los artículos 245 y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La entrega del inmueble se llevó a cabo con la participación de personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación. Sin embargo, la Fiscalía aclaró que la restitución del edificio no significa que la investigación haya concluido.
La carpeta continúa abierta con el objetivo de determinar si existen posibles responsabilidades penales relacionadas con los hechos que dieron origen a la investigación por despojo.
El caso involucra además a las familias que fueron desalojadas del inmueble y que, de acuerdo con la propia Fiscalía, mantienen pertenencias dentro del edificio.
Sobre este punto, la FGJ señaló que las personas afectadas podrán solicitar una cita ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (FIDAMPU) para acreditar la propiedad de sus bienes y, posteriormente, establecer un mecanismo para programar su entrega.
La aclaración de la Fiscalía ocurre en medio de la situación que mantienen las familias desalojadas de General Anaya 27, quienes han denunciado durante meses las dificultades para recuperar sus pertenencias y obtener una solución a su situación.
Así, aunque el inmueble ya fue restituido a quien la autoridad reconoce como propietario legal, la investigación ministerial y el proceso para recuperar los bienes de las familias permanecen como asuntos pendientes.
