El próximo 11 de septiembre, al cumplirse 53 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, Chile vivirá una situación inédita desde el retorno a la democracia en 1990: el gobierno en turno no organizará una ceremonia oficial para recordar el quiebre institucional de 1973 ni las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 17 años posteriores de dictadura.
La ausencia de un acto gubernamental ocurre durante la presidencia de José Antonio Kast, quien ha expresado públicamente su simpatía por Augusto Pinochet y ha planteado la posibilidad de indultar a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad.
La decisión ha generado críticas especialmente entre sectores de la centroizquierda, que también cuestionan la postura del gobierno ante recientes declaraciones del presidente argentino Javier Milei. Durante su participación en el Foro Madrid, celebrado en Santiago, Milei lanzó insultos contra la izquierda chilena y calificó de manera despectiva a Allende, además de reivindicar el golpe de Estado.
Para sus críticos, la falta de una respuesta oficial frente a esas expresiones representa una señal preocupante respecto de las políticas de memoria, verdad, justicia y reparación construidas durante la democracia.
El Partido Socialista ha exigido a Kast mantener políticas de Estado relacionadas con la búsqueda de detenidos desaparecidos, así como la recuperación y preservación de lugares utilizados como centros de tortura y exterminio durante la dictadura.
El secretario general socialista, Arturo Barrios, acusó al gobierno de guardar silencio frente a las declaraciones de Milei y consideró que esa postura implica una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias, así como hacia quienes padecieron persecución, exilio y muerte.
Kast, por su parte, confirmó que no habrá ningún acto oficial del gobierno el 11 de septiembre. Explicó que ese día continuará con actividades en distintas regiones del país y afirmó que valora que la fecha sea recordada por formar parte de la historia chilena.
El mandatario señaló que, si alguien solicita dedicar a la memoria de las víctimas la misa que tradicionalmente se celebra los viernes en el Palacio de La Moneda, no existiría impedimento para hacerlo. Sin embargo, aclaró que dicha ceremonia religiosa no constituirá un acto oficial de conmemoración y sostuvo que sus oraciones estarán dirigidas al Chile actual y al futuro.
La decisión marca un cambio respecto de las últimas décadas y reabre el debate sobre el papel del Estado chileno en la preservación de la memoria histórica y el reconocimiento de las víctimas de la dictadura.
