La comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, enfrenta una creciente crisis de seguridad que, de acuerdo con habitantes, incluye la presunta privación de la libertad de autoridades comunitarias por personas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y posibles intentos de tomar el control del territorio.
Ante esta situación, comuneros instalaron una asamblea en Bajío del Carrizal y exigieron la presencia de autoridades federales, estatales y municipales para establecer una estrategia de protección para las familias wixaritari.
La inseguridad también ha afectado servicios esenciales. Habitantes denunciaron que maestros y personal médico requieren acompañamiento de la Guardia Nacional o del Ejército para ingresar a determinadas zonas. El impacto llegó al ámbito educativo, pues el temor llevó a mantener cerradas las escuelas de la zona escolar 002 e impidió el inicio normal del ciclo 2026-2027.
El magisterio wixárika pidió una solución inmediata que permita reabrir los planteles y garantizar las actividades educativas. Bajo la consigna “¡Alzamos la voz por la paz!”, los docentes solicitaron la intervención de los tres niveles de gobierno para proteger a niñas y niños.
La comunidad había dado un plazo de tres días para que las autoridades coordinaran una respuesta. El llamado estuvo dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro.
El domingo, el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, llegó en helicóptero a San Andrés Cohamiata para intentar iniciar un diálogo. Sin embargo, los comuneros reclamaron que se retirara sin atender sus demandas y sin esperar a representantes federales y municipales.
Durante su salida, según integrantes de la comunidad, un elemento de la Policía Estatal realizó un disparo al aire, lo que generó preocupación entre los asistentes. Los wixaritari afirmaron contar con evidencia y solicitaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) investigar el incidente.
La Secretaría General de Gobierno sostuvo que el diálogo fue pospuesto porque los líderes comunitarios solicitaron la presencia de los tres niveles de gobierno. La dependencia aseguró que mantiene presencia de elementos estatales, federales y militares en la zona y que, pese a momentos de tensión, la situación permanece en paz.
La comunidad insiste en una mesa de diálogo permanente, mayor coordinación institucional, protección de la población y respeto a los derechos humanos y la organización comunitaria. También exige investigar los hechos denunciados y establecer condiciones que permitan recuperar la seguridad y la vida cotidiana en el territorio wixárika.
