Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a seis hombres y una mujer señalados por su presunta participación en un intento de despojo de un inmueble ubicado en la alcaldía Azcapotzalco.
De acuerdo con información difundida por el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, la intervención policial ocurrió luego de que las autoridades recibieran una denuncia ciudadana relacionada con el ingreso no autorizado de varias personas a una propiedad.
El reporte señala que un hombre de 54 años, quien se identificó ante los policías como propietario del inmueble, pidió apoyo después de observar que un grupo de personas había entrado al lugar sin su consentimiento. Según su declaración, los individuos comenzaron además a cambiar las cerraduras de las puertas, situación que motivó la intervención de los agentes.
Los policías acudieron al sitio y realizaron la detención de las siete personas, quienes fueron trasladadas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes. Será el Ministerio Público el encargado de determinar su situación jurídica y establecer, con base en las investigaciones, si existe responsabilidad penal por los hechos.
El caso ocurre en medio de las acciones emprendidas por el gobierno capitalino para atender el problema del despojo de inmuebles, delito que ha generado preocupación entre propietarios y habitantes de distintas zonas de la Ciudad de México.
Vázquez Camacho señaló que la SSC mantendrá una actuación firme para proteger el patrimonio y los derechos de los habitantes de la capital. Las autoridades han planteado el combate a este delito como parte de la estrategia de seguridad impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Como contexto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que entre el 5 y el 23 de agosto recibió 214 denuncias relacionadas con posibles casos de despojo. De ese universo, 34 fueron identificadas como posibles delitos de este tipo: 29 sin violencia y cinco con violencia.
Los casos violentos son considerados prioritarios debido a que pueden involucrar amenazas, armas de fuego o grupos delincuenciales. Además, 50 denuncias fueron descartadas y otras 130 permanecían bajo revisión al momento del reporte.
