El gobierno de Perú, encabezado por Keiko Fujimori, decretó un estado de emergencia en cinco de los penales considerados prioritarios por sus niveles de peligrosidad, como parte de una estrategia para recuperar el control de las prisiones y frenar las actividades del crimen organizado que, según las autoridades, son coordinadas desde el interior de los centros penitenciarios.
La medida, establecida mediante el Decreto Supremo 128-2026-PCM, contempla durante 60 días la participación conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las inmediaciones de los penales Challapalca, Cochamarca, Trujillo Varones, Miguel Castro Castro y Ancón I.
El operativo permitirá realizar acciones permanentes en un perímetro de hasta 200 metros alrededor de las cárceles para impedir el ingreso de armas y otros objetos prohibidos. El decreto también contempla la suspensión temporal de derechos como la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal dentro de la zona delimitada.
El gobierno peruano pretende además cortar las comunicaciones utilizadas presuntamente por grupos delictivos. El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, informó que se realizarán requisas de teléfonos y tarjetas SIM, además de retirar antenas de telecomunicaciones cercanas a los centros penitenciarios. El INPE mantendrá el control y la custodia al interior de las prisiones, mientras militares y policías se encargarán de la seguridad exterior y labores de inteligencia.
La decisión ocurre en medio de una crisis penitenciaria que incluye una sobrepoblación de 156% y un déficit de 45% en personal de custodia. También se registra un aumento de la violencia: los homicidios pasaron de cerca de mil en 2018 a 2 mil 600 en 2025, mientras las denuncias por extorsión aumentaron de 3 mil 200 a 26 mil 500 durante el mismo periodo.
La estrategia peruana retoma elementos del llamado “Modelo Bukele”, aplicado en El Salvador desde 2022 mediante un régimen de excepción que ha permitido detener a más de 92 mil personas señaladas de pertenecer a pandillas. Aunque las autoridades salvadoreñas atribuyen a la estrategia una fuerte reducción de homicidios, organismos de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, tortura y muertes bajo custodia.
Otros gobiernos de la región, como Ecuador, Bolivia y Guatemala, también han recurrido a estados de excepción o a una mayor participación militar en tareas de seguridad.
La CIDH ha advertido que el uso recurrente de estas medidas puede debilitar las instituciones democráticas y los sistemas de justicia, además de generar riesgos de violaciones a derechos humanos y nuevos ciclos de violencia.
