Por: Laura Campos Guido – @laura_camposguido.
En México, los feminicidios también dejan una herencia digital.
Antes, la fotografía de una mujer desaparecida se colocaba en postes, periódicos o bardas. Hoy esa misma imagen circula por Instagram, TikTok, Facebook y X. Se comparte miles de veces, se convierte en ilustración, en mural, en fotografía de perfil, en video, en una camiseta o en un hashtag. La imagen deja de ser únicamente una ficha de búsqueda para convertirse en un símbolo colectivo de exigencia de justicia.
Vivimos en una época donde las plataformas digitales no solo distribuyen información; también producen memoria. Casos como los de Jessica González Villaseñor y Debanhi Escobar ilustran cómo una fotografía originalmente destinada a facilitar la localización de una persona desaparecida puede transformarse en una imagen de reclamo. Con el paso del tiempo, estas representaciones trascienden el espacio digital y aparecen en murales, intervenciones artísticas, manifestaciones y expresiones culturales que buscan mantener viva la exigencia de justicia.
En una cultura gobernada por algoritmos, la visibilidad se ha convertido en un recurso político.
Las familias y los colectivos lo comprenden con rapidez. Cuando una publicación deja de circular, también disminuye la conversación pública. Cuando un caso deja de aparecer en las tendencias, aumenta el riesgo de que también desaparezca de la agenda institucional. Las redes sociales terminan funcionando como espacios donde el reclamo social debe adaptarse a las reglas del algoritmo para mantenerse visible.
Es una paradoja profundamente compleja.
La circulación masiva de imágenes rompe el silencio institucional y mantiene viva la conversación pública, pero al mismo tiempo puede transformar el duelo en un objeto de consumo digital. Las fotografías son reutilizadas, reinterpretadas, intervenidas gráficamente y reproducidas una y otra vez por plataformas diseñadas para privilegiar aquello que genera interacción.
El algoritmo no distingue entre memoria, denuncia y espectáculo. Sin embargo, centrar la discusión exclusivamente en las plataformas digitales sería insuficiente. Cuando la impunidad en los casos de feminicidio supera el 99 %, como han advertido organismos internacionales, la viralidad deja de ser únicamente una estrategia de comunicación para convertirse en una herramienta de presión social. Compartir una fotografía ya no busca solamente informar; busca impedir que un caso desaparezca de la agenda pública antes de que exista justicia.
Ahí se encuentra uno de los principales desafíos de nuestra época.
Es indispensable abrir una discusión ética sobre la permanencia de las imágenes en internet, el derecho al duelo, la privacidad de las familias y los límites de la espectacularización del dolor. Pero esa reflexión no debe desplazar el problema de origen: la violencia feminicida y las debilidades estructurales de las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar estos delitos.
Mientras el acceso efectivo a la justicia continúe siendo una deuda del Estado, los algoritmos seguirán ocupando un lugar que nunca debieron asumir. El verdadero reto no consiste en hacer más visibles los feminicidios. Consiste en construir un país donde la justicia llegue antes que la viralidad y donde ninguna familia tenga que depender de un algoritmo para que su exigencia de verdad sea escuchada.
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