El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha diversificado sus actividades criminales mediante un esquema internacional que combina la trata de personas, el reclutamiento forzado, la explotación laboral y los fraudes digitales, de acuerdo con el Informe sobre la Trata de Personas 2026 del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El documento señala que organizaciones criminales en México utilizan centros de llamadas informales para ejecutar estafas en línea. En Jalisco, presuntos integrantes del CJNG emplean a personas potencialmente víctimas de trata para defraudar a propietarios extranjeros de inmuebles de tiempo compartido, principalmente en Estados Unidos y Canadá.
Las ganancias obtenidas también representan un desafío financiero, pues las redes criminales recurren a criptomonedas para lavar recursos procedentes de actividades ilícitas y ocultar el origen de sus ingresos.
La captación de víctimas ocurre cada vez más en el entorno digital. El CJNG, el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua utilizan ofertas laborales falsas en redes sociales para atraer a adultos y menores. Después, recurren a amenazas, violencia, chantajes, secuestros y manipulación económica para someterlos.
En algunos casos, aprovechan las adicciones y las deudas para mantener a las personas bajo servidumbre y obligarlas a participar en actividades delictivas, incluidos los ciberdelitos. Este fenómeno, conocido como criminalidad forzada, se agrava por las disputas territoriales entre grupos criminales, que buscan incorporar nuevos integrantes para ampliar su control.
Los migrantes también enfrentan riesgos. En el sur de México, algunas personas son secuestradas y obligadas a contactar a sus familiares para exigirles transferencias de dinero. Si no pueden pagar, pueden sufrir nuevas formas de explotación.
En materia de cifras, las autoridades mexicanas identificaron 1,743 víctimas de trata en 2025, frente a 860 durante 2024. Ese mismo año reportaron 489 investigaciones, 268 sospechosos procesados y 124 condenas. México permaneció en el Nivel 2 de la clasificación estadounidense, que reconoce avances, pero advierte deficiencias institucionales.
Entre las acciones gubernamentales destacan detenciones de presuntos responsables, campañas para eliminar cuentas fraudulentas y un plan nacional 2025-2030 contra el reclutamiento infantil, que aún no estaba concluido ni publicado al cierre de la evaluación.
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