Después de 29 días de protesta, familiares de personas desaparecidas levantaron el plantón instalado frente a la Fiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de recibir el compromiso de que sus denuncias serán revisadas para determinar si las investigaciones pueden pasar del ámbito estatal al federal.
Eréndira Morúa, madre de Ernesto Zúñiga, desaparecido tras ser secuestrado por hombres armados en Tlajomulco, Jalisco, en agosto de 2025, explicó que la principal exigencia de las familias era lograr que la FGR atrajera sus casos. Su hijo fue privado de la libertad cuando intentaba ingresar a su domicilio, después de que un comando armado acudiera a una vivienda cercana. Desde entonces, sus familiares continúan buscándolo.
Durante semanas, las manifestantes solicitaron reunirse con Mariana Díaz, titular de la Fiscalía de Derechos Humanos, sin obtener respuesta. Finalmente, un representante de la fiscal Ernestina Godoy acudió el jueves para dialogar y facilitar que se analizara la petición de atracción de investigaciones.
Los colectivos de búsqueda de Jalisco y Nayarit acordaron desmantelar el campamento con la expectativa de recibir una respuesta el próximo 9 de noviembre, fecha en que regresarán a la Ciudad de México.
Además de exigir investigaciones federales, las familias pidieron acelerar la atención de las denuncias para que las primeras acciones de búsqueda se realicen durante la semana inicial. También reclamaron apoyos materiales, como vehículos y herramientas para localizar personas y explorar posibles fosas clandestinas.
Las manifestantes acudieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para solicitar reconocimiento como afectadas por la desaparición de sus familiares y acceso a recursos de apoyo. Sin embargo, tampoco fueron recibidas, por lo que bloquearon la avenida Ángel Urraza, en la colonia Del Valle.
El plantón, instalado desde septiembre, llegó a reunir al menos a 50 personas. Las familias llevaron expedientes con información y antecedentes de cada caso, y algunas fueron recibidas por grupos durante jornadas que se prolongaron hasta la noche.
Aunque el retiro del campamento representa una pausa en la protesta, las familias mantienen su exigencia de justicia, búsqueda efectiva y atención institucional. Su regreso dependerá de la respuesta de las autoridades federales a sus demandas.
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