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El gobierno de Colombia anunció su retiro del Grupo de La Haya, una alianza internacional creada en enero de 2025 para coordinar medidas diplomáticas y jurídicas relacionadas con la situación en los territorios palestinos y promover el cumplimiento del derecho internacional. El país también dejó de participar como copresidente de este mecanismo, impulsado durante la administración del entonces presidente Gustavo Petro.

El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, informó que Colombia solicitó oficialmente su salida del grupo. En un comunicado, argumentó que la alianza fue creada para “aislar y atacar a Israel” y señaló que su gobierno rechaza ese enfoque. La decisión representa un cambio en la posición diplomática colombiana respecto del bloque y de las iniciativas que promueve.

El Grupo de La Haya fue establecido en enero de 2025 y reunió originalmente a nueve países: Colombia, Bolivia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica, además de los participantes mencionados en la nota. Sus integrantes buscaban coordinar acciones relacionadas con el conflicto palestino-israelí mediante instrumentos diplomáticos y jurídicos.

La salida de Colombia ocurre después del cambio de gobierno y de una modificación en sus relaciones con Israel. El presidente conservador Abelardo de la Espriella asumió el poder en agosto y reanudó los vínculos diplomáticos con ese país. Su postura contrasta con la de Petro, quien rompió relaciones con Israel en 2024 y mantuvo una posición crítica frente a sus acciones en los territorios palestinos.

Durante su mandato, Petro promovió iniciativas internacionales para cuestionar las actuaciones israelíes y respaldar el respeto al derecho internacional. La retirada del Grupo de La Haya marca, por tanto, una modificación en la estrategia exterior colombiana frente a este conflicto.

La decisión también refleja las diferencias entre las orientaciones diplomáticas de las dos administraciones: mientras el gobierno anterior impulsó la participación de Colombia en una alianza crítica de Israel, el actual rechaza el planteamiento del grupo y ha restablecido las relaciones bilaterales. El cambio podría influir en la participación colombiana en futuras iniciativas multilaterales relacionadas con Palestina y en su vínculo diplomático con Israel.

La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, enfrenta cuestionamientos sobre sus credenciales profesionales después de que una organización no gubernamental presentara una denuncia ante el Colegio de Abogados de California para solicitar una investigación sobre su presunta presentación como abogada sin contar con una licencia para ejercer.

La organización Campaign for Accountability, identificada como un grupo de izquierda, sostiene que Zacharia se ha descrito como abogada durante apariciones televisivas y que se presenta como asesora general de una organización conservadora sin fines de lucro con sede en California. Su directora ejecutiva, Michelle Kuppersmith, afirmó que la portavoz habría utilizado esa denominación para reforzar su reputación y credibilidad, por lo que pidió esclarecer si ha engañado al público sobre sus cualificaciones.

La controversia aumentó después de que el presidente Donald Trump describiera a Zacharia como abogada al anunciar su nombramiento el viernes anterior. Sin embargo, periodistas no encontraron registros que acreditaran que tuviera una licencia para ejercer en algún estado de Estados Unidos. El Colegio de Abogados de California confirmó a medios estadounidenses que no tenía constancia de una licencia a su nombre, ni con su apellido de casada ni con el de soltera.

Zacharia, de 41 años, se graduó de la facultad de Derecho de la Universidad Pepperdine en 2011. No obstante, en Estados Unidos, obtener un título universitario en Derecho no autoriza automáticamente a una persona a ejercer la abogacía: generalmente se requiere cumplir los requisitos correspondientes y obtener la licencia profesional.

Cuando periodistas le preguntaron dónde había aprobado el examen de abogacía, Zacharia respondió que había sido al mudarse a China. Según la información publicada, los extranjeros no pueden presentarse al examen de abogacía chino, aunque sí pueden desempeñar determinadas funciones jurídicas en bufetes de ese país. La portavoz trabajó en un despacho en Pekín.

En una declaración a la AFP, Zacharia afirmó que ejerció el derecho de transacciones internacionales y que contaba con las credenciales pertinentes, pero no aclaró si posee una licencia para ejercer como abogada en Estados Unidos.

Las dudas surgieron después de su primera conferencia como portavoz, que duró 14 minutos y en la que leyó extensamente notas preparadas. Zacharia sustituyó a Karoline Leavitt, quien dejó el cargo en agosto.

El Senado de Brasil aprobó una enmienda constitucional para reducir la jornada laboral máxima de 44 a 40 horas semanales, sin disminuir los salarios y con dos días de descanso. La medida, respaldada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, podría beneficiar a más de 37 millones de trabajadores, según estimaciones del gobierno brasileño.

La iniciativa se convirtió en una de las principales propuestas laborales del gobierno de Lula, quien busca fortalecer su respaldo político antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 25 de octubre. De acuerdo con la información, se esperaba que el mandatario promulgara la reforma durante la semana siguiente a su aprobación.

Después de meses de oposición, varios legisladores que habían bloqueado la propuesta modificaron su postura y se sumaron a los aliados del presidente. Encuestas recientes mostraban un amplio respaldo ciudadano a la reducción de la jornada, pese a las objeciones de diversos sectores empresariales.

La reforma también adquirió relevancia electoral por el cambio de posición de Flávio Bolsonaro, candidato de la derecha, quien manifestó su apoyo a la medida un día antes de la votación. Anteriormente, defendía un sistema de pago por hora y negociaciones individuales entre empleados y empleadores, además de cuestionar la iniciativa por considerarla motivada por intereses electorales.

Sin embargo, después de respaldarla, Bolsonaro señaló ante empresarios que el nuevo Congreso, donde su partido podría obtener una mayoría simple junto con sus aliados, tendría la posibilidad de revisar la reforma a partir de febrero.

Lula atribuyó el cambio de postura de la oposición a la presión social y a las protestas que reclamaban el fin del esquema de seis días de trabajo por uno de descanso.

En paralelo, el presidente anunció otras medidas para reforzar su apoyo electoral, entre ellas reducciones de impuestos a los combustibles, ampliación de subsidios, una propuesta para condonar deudas de más de 3.6 millones de pequeñas empresas, restricciones a las señales de teléfonos celulares alrededor de las prisiones y mayores pagos para estudiantes universitarios beneficiarios de un programa de asistencia.

La propuesta laboral, trabajada por el gobierno desde el año anterior, representa el punto culminante de estas iniciativas. No obstante, la economista Carla Beni, de la Fundación Getulio Vargas, advirtió que cualquier cambio aprobado durante un año electoral puede interpretarse como una medida destinada a influir en los comicios.

Alejandra Rivas, integrante del centro cultural autogestivo Casa Quinqué, denunció haber sufrido golpes, vejaciones y amenazas por parte de policías estatales después de participar en una manifestación por la crisis hídrica en la zona metropolitana de Guadalajara, realizada el 11 de octubre. Según su testimonio, las agresiones ocurrieron en un cuarto de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus.

Rivas manifestó su disposición a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), pues desconfía de las autoridades locales y busca que instancias federales intervengan en la investigación. Su decisión se produjo después de que la presidenta Claudia Sheinbaum condenara por segundo día consecutivo los hechos y calificara de inadmisibles las acusaciones de tortura policial. También pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar a fondo lo sucedido.

En entrevista, Rivas relató que fue detenida en la calle Ontario. Asegura que las agentes la sujetaron de la mochila, la arrojaron al suelo y la arrastraron por el pavimento. Además, afirma que destruyeron su teléfono celular. Cuando ingresó a Casa Jalisco, señala, estaba descalza, tenía el pantalón abajo y presentaba heridas en la cabeza.

Posteriormente, fue llevada a una habitación donde había otras personas lesionadas. Según su relato, varias policías continuaron golpeándola, le pisaron los tobillos y la insultaron. También recordó haber presenciado cómo una compañera se convulsionó durante las agresiones.

La mujer describió el lugar como un cuarto sin mobiliario, con paredes de cristal y gasas ensangrentadas en el suelo. Aseguró que escuchaba los quejidos y el llanto de hombres y mujeres, mientras las policías se burlaban de las personas detenidas y las amenazaban.

Rivas sostiene que las autoridades estatales deben asumir la responsabilidad por lo ocurrido. A tres días de los hechos, afirmó que todavía no logra comprender la violencia que experimentó y que enfrenta secuelas físicas y emocionales, entre ellas un estado de choque y desesperación.

El caso ha generado llamados a esclarecer las presuntas violaciones a los derechos humanos durante la detención de manifestantes. La eventual denuncia ante la FGR busca que los hechos sean investigados fuera del ámbito estatal, aunque las acusaciones deberán ser examinadas por las autoridades competentes.

Estudiantes, profesores y habitantes de Nueva York se manifestaron cerca de la Universidad de Cornell para exigir justicia por una denuncia de agresión sexual grupal presentada por una estudiante en 2024, así como la renuncia del presidente de la institución, Michael Kotlikoff.

La movilización duró más de tres horas y reunió a participantes vestidos de rojo, color elegido en honor a la denunciante, identificada judicialmente como Jane Doe. Bajo el lema “Todas somos Jane Doe”, los asistentes reclamaron cambios en los procedimientos universitarios para atender casos de violencia sexual y mejorar la protección de las víctimas.

Durante la protesta, algunas personas cuestionaron la actuación de las autoridades universitarias y la permanencia de estudiantes señalados en las aulas. La movilización coincidió con el anuncio de que el Senado del profesorado prevé votar una moción de censura contra Kotlikoff.

En respuesta a las inconformidades, la universidad anunció la suspensión de las fiestas en las casas de fraternidades hasta el final del año académico 2026-2027. Kotlikoff advirtió que las organizaciones que incumplan la medida podrían ser suspendidas de inmediato. También se informó sobre alternativas recreativas más seguras, el fortalecimiento de los servicios de atención a víctimas y la incorporación de especialistas en agresiones sexuales para colaborar con la Policía del campus. Además, la exfiscal general interina estadounidense Sally Yates encabezará una revisión independiente de la respuesta institucional.

Los hechos denunciados ocurrieron en octubre de 2024 en la fraternidad Chi Phi. Jane Doe afirmó haber sido drogada con ketamina y agredida sexualmente por siete integrantes. En septiembre de 2026, presentó una demanda contra los señalados y la universidad por presunta falta de respuesta adecuada.

La Fiscalía del condado de Tompkins no presentó cargos penales contra los siete hombres, quienes niegan las acusaciones. Por separado, una investigación interna concluyó en 2025 con sanciones que incluyeron dos expulsiones definitivas, dos suspensiones temporales y otras medidas disciplinarias.

Kotlikoff reconoció que existe una pérdida de confianza en la comunidad universitaria, pero descartó renunciar. Afirmó que evitó intervenir directamente en las sanciones para preservar la independencia del procedimiento y la privacidad de las partes.

El Gobierno de Argentina solicitó medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para impedir que el Reino Unido inicie o continúe la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de las islas Malvinas.

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia argentina, la petición busca detener las actividades relacionadas con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte de Malvinas. Las autoridades argentinas sostienen que los recursos energéticos de esa zona se encuentran en la plataforma continental del país sudamericano, por lo que rechazan las iniciativas británicas de exploración y explotación.

El tribunal al que recurrió Buenos Aires es un órgano judicial independiente creado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Su función consiste en resolver controversias entre Estados relacionadas con la interpretación y aplicación de las disposiciones de ese instrumento internacional.

La solicitud representa un nuevo episodio de la prolongada disputa de soberanía entre ambos países por las islas Malvinas, territorio bajo control británico desde 1833 y cuya soberanía reclama Argentina.

A finales de septiembre, el Gobierno argentino había concedido al Reino Unido un plazo de dos semanas para suspender cualquier proyecto de exploración o explotación de hidrocarburos en el archipiélago. La advertencia se fundamentó en la posición de Buenos Aires de que las actividades se desarrollarían sobre una plataforma continental que considera parte de su territorio marítimo.

Con la presentación ante el tribunal internacional, Argentina busca recurrir a una instancia jurídica para frenar el avance del proyecto Sea Lion y respaldar su postura respecto al aprovechamiento de los recursos naturales de la zona.

La controversia combina intereses energéticos con una disputa territorial histórica que continúa sin resolverse. La solicitud argentina pretende evitar que las actividades petroleras avancen mientras persisten las diferencias entre ambos gobiernos sobre los derechos de explotación de los hidrocarburos en las aguas circundantes a las Malvinas.

Un terremoto de magnitud 7.6 sacudió Panamá el pasado 9 de octubre a las 12:56 horas, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El epicentro se ubicó en la comunidad de La Pitaloza, en la península de Azuero, y las provincias de Veraguas, Herrera y Los Santos figuran entre las regiones más afectadas.

Ante los daños ocasionados por el movimiento telúrico, el Gobierno Nacional decretó estado de emergencia para atender las afectaciones y apoyar a las comunidades perjudicadas. Hasta el momento referido en el reporte, no se habían registrado víctimas mortales ni personas desaparecidas. Sin embargo, después del sismo principal se contabilizaron 256 réplicas, lo que ha incrementado la preocupación entre los habitantes.

El impacto se refleja en la infraestructura educativa, habitacional y sanitaria. De acuerdo con los datos difundidos, alrededor de 419 centros educativos presentan afectaciones, mientras que 840 viviendas sufrieron daños parciales o totales. También se reportaron perjuicios en aproximadamente 20 instalaciones de salud, además de carreteras y otras vías de comunicación.

Una de las zonas que enfrenta mayores dificultades es el distrito de Tonosí, donde varias comunidades reportan problemas de comunicación y falta de servicios esenciales, como agua potable y electricidad. Sus habitantes permanecen a la espera de asistencia mientras las autoridades atienden la emergencia y evalúan las condiciones de las áreas afectadas.

El temor a nuevas réplicas y a posibles daños estructurales ha llevado a numerosas personas a permanecer en espacios abiertos durante el día y la noche. Esta medida responde a la preocupación de regresar a viviendas que podrían haber sufrido afectaciones y representar un riesgo para sus ocupantes.

La situación mantiene a las autoridades y a los equipos de emergencia enfocados en la evaluación de daños, la atención de las necesidades básicas y el restablecimiento de los servicios. La evolución de las réplicas y las condiciones de las construcciones serán factores importantes para determinar cuándo las familias podrán volver a sus hogares con mayor seguridad.

El presidente estadounidense Donald Trump y varios integrantes de su familia y círculo cercano enfrentan señalamientos por posibles conflictos de interés y beneficios económicos relacionados con su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. De acuerdo con las cifras citadas de Forbes, la fortuna personal del mandatario habría aumentado aproximadamente 2 mil 700 millones de dólares desde su segunda llegada al poder, en parte por negocios vinculados con criptomonedas y acuerdos internacionales.

Robert Maguire, vicepresidente de la organización Citizens for Responsibility and Ethics, sostuvo que la información pública apunta a que la presidencia ha beneficiado económicamente a Trump y a personas cercanas. También se han cuestionado inversiones financieras de asesores en empresas que mantienen contratos con dependencias federales, entre ellas el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional.

Otro señalamiento involucra compras de acciones de Meta y SpaceX, reportadas por CNBC, realizadas poco antes de un anuncio presidencial que habría favorecido a compañías del sector espacial. La senadora Elizabeth Warren denunció posibles actos de corrupción, mientras que Richard Painter, exresponsable de ética durante el gobierno de George W. Bush, advirtió sobre la apariencia de conflictos de interés, sin afirmar que existiera necesariamente una ilegalidad.

Los negocios de Donald Trump Jr. también están bajo escrutinio. Su participación en la firma de inversión 1789 Capital ha generado cuestionamientos porque una empresa de su portafolio invierte en Anduril Industries, beneficiaria de un contrato militar anunciado por el gobierno de su padre. Legisladores demócratas solicitaron explicaciones, mientras representantes empresariales y de la Casa Blanca niegan que exista una relación indebida.

Por su parte, Jared Kushner, yerno del presidente, ha ampliado sus inversiones internacionales. Entre sus proyectos figura Brain Co., una empresa de servicios de inteligencia artificial asociada con el exsecretario mexicano Luis Videgaray, según la información citada de The New Yorker.

Otros casos incluyen a David Sacks, inversionista en numerosas compañías tecnológicas mientras participa en asuntos regulatorios de inteligencia artificial, y a Kimberly Guilfoyle, embajadora en Grecia, señalada por solicitar a un donante ayuda para cubrir una deuda personal. Sus abogados rechazan las acusaciones.

Finalmente, Elon Musk habría destinado 276 millones de dólares a campañas electorales, de acuerdo con The New York Times, consolidándose como un importante financiador político.

La escasez de medicamentos en Cuba ha impulsado la creación de redes comunitarias que distribuyen fármacos gratuitos a personas que no pueden conseguirlos en las farmacias estatales. En el barrio del Vedado, en La Habana, Laura Mendoza coordina el proyecto La medicina no se vende, una iniciativa que entrega medicamentos donados a pacientes que los solicitan mediante WhatsApp.

El proyecto recibe alrededor de 13 kilos de medicinas por semana, procedentes de donaciones, viajeros y vecinos. También cuenta con el apoyo de organizaciones humanitarias de Canadá y Estados Unidos, además de la colaboración de Cáritas, vinculada a la Iglesia católica. Según Mendoza, en La Habana existen aproximadamente un centenar de iniciativas similares que intercambian medicamentos y ayudan a distribuirlos entre quienes los necesitan.

Sin embargo, estas redes no logran cubrir todas las necesidades. Entre los productos más difíciles de conseguir están los medicamentos para la diabetes, los tratamientos contra el cáncer y diversos insumos hospitalarios, como gasas, jeringas y anestésicos.

La crisis también ha fortalecido el mercado informal, donde los precios pueden resultar inaccesibles para buena parte de la población. Cristina Díaz, una joven profesora que buscaba clonazepam para un familiar, recordó que años atrás era más sencillo encontrar medicamentos en el sistema estatal.

El cuadro básico del Ministerio de Salud Pública contempla 603 medicamentos, pero Cuba dispone de poco más de una tercera parte. La industria farmacéutica nacional enfrenta dificultades por la falta de materias primas importadas, envases y combustible, así como por obstáculos financieros y logísticos que afectan la producción y distribución. De acuerdo con autoridades del sector, uno de los casos más graves se registró en Ciego de Ávila, donde las farmacias estatales contaban con apenas 10 por ciento del inventario básico.

Ante esta situación, el gobierno aprobó nuevas disposiciones para permitir el funcionamiento de farmacias privadas, como parte de un paquete de medidas económicas que busca ampliar la participación de emprendedores. No obstante, estos establecimientos estarán sujetos a regulación estatal, y las importaciones deberán realizarse mediante empresas autorizadas.

Aunque la apertura podría aumentar la disponibilidad de fármacos, persisten dudas sobre su costo. El caso de Sara Márquez, una pensionada de 69 años, ilustra el problema: un medicamento que antes adquiría por unos centavos llegó a costar mil pesos cubanos en el mercado informal, mientras su pensión mensual apenas alcanza para cubrir necesidades básicas.

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó al presidente Donald Trump cancelar los anuncios televisivos pendientes que fueron financiados con dinero de los contribuyentes para difundir mensajes políticos. La resolución se emitió la noche del domingo, pese a que el gobierno argumentó que la campaña publicitaria estaba por concluir.

La jueza de distrito Jennifer L. Rochon, con sede en Nueva York, concedió una orden de restricción temporal a favor de una coalición de organizaciones, entre ellas Common Cause, que cuestionó la legalidad del gasto. La resolución prohíbe celebrar, renovar o ampliar contratos relacionados con la producción, colocación y transmisión de los anuncios durante las dos semanas de vigencia de la medida.

El Departamento de Justicia había sostenido que la intervención judicial era innecesaria, pues la campaña terminaría al día siguiente. Sin embargo, la jueza determinó que debían cancelarse las emisiones restantes, incluidas las programadas para esa misma noche.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destinó 20 millones de dólares de recursos públicos a la publicidad. Especialistas legales señalaron que el gasto podría contravenir una ley federal que impide utilizar partidas aprobadas por el Congreso para fines de publicidad o propaganda, además de otras disposiciones legales.

Los demandantes celebraron la decisión y sostuvieron que no existe justificación para utilizar la estructura gubernamental y recursos destinados a otros propósitos con el objetivo de influir en resultados electorales. En contraste, la funcionaria del DHS Holly Mehringer afirmó que los fondos podían emplearse para conmemorar acciones y acontecimientos relacionados con la seguridad fronteriza.

La Casa Blanca defendió los materiales como anuncios de servicio público, similares a los difundidos por administraciones anteriores. No obstante, los críticos señalaron que estos mensajes no buscan orientar a la población sobre programas gubernamentales específicos.

La campaña comenzó a finales de septiembre e incluyó fragmentos de Trump sobre el comunismo, materiales de su anterior campaña presidencial y un anuncio centrado en el secuestro del mandatario venezolano Nicolás Maduro. El uso de recursos públicos también recibió críticas del republicano John Thune, líder de la mayoría en el Senado, quien consideró que los contribuyentes no debían financiarla.

Por separado, el Comité Nacional Demócrata presentó otra demanda. Ante las críticas, Trump anunció que comenzaría a pagar los anuncios con fondos de su campaña, aunque un funcionario indicó que no existían planes inmediatos para reembolsar el dinero público ya gastado.