La escasez de medicamentos en Cuba ha impulsado la creación de redes comunitarias que distribuyen fármacos gratuitos a personas que no pueden conseguirlos en las farmacias estatales. En el barrio del Vedado, en La Habana, Laura Mendoza coordina el proyecto La medicina no se vende, una iniciativa que entrega medicamentos donados a pacientes que los solicitan mediante WhatsApp.
El proyecto recibe alrededor de 13 kilos de medicinas por semana, procedentes de donaciones, viajeros y vecinos. También cuenta con el apoyo de organizaciones humanitarias de Canadá y Estados Unidos, además de la colaboración de Cáritas, vinculada a la Iglesia católica. Según Mendoza, en La Habana existen aproximadamente un centenar de iniciativas similares que intercambian medicamentos y ayudan a distribuirlos entre quienes los necesitan.
Sin embargo, estas redes no logran cubrir todas las necesidades. Entre los productos más difíciles de conseguir están los medicamentos para la diabetes, los tratamientos contra el cáncer y diversos insumos hospitalarios, como gasas, jeringas y anestésicos.
La crisis también ha fortalecido el mercado informal, donde los precios pueden resultar inaccesibles para buena parte de la población. Cristina Díaz, una joven profesora que buscaba clonazepam para un familiar, recordó que años atrás era más sencillo encontrar medicamentos en el sistema estatal.
El cuadro básico del Ministerio de Salud Pública contempla 603 medicamentos, pero Cuba dispone de poco más de una tercera parte. La industria farmacéutica nacional enfrenta dificultades por la falta de materias primas importadas, envases y combustible, así como por obstáculos financieros y logísticos que afectan la producción y distribución. De acuerdo con autoridades del sector, uno de los casos más graves se registró en Ciego de Ávila, donde las farmacias estatales contaban con apenas 10 por ciento del inventario básico.
Ante esta situación, el gobierno aprobó nuevas disposiciones para permitir el funcionamiento de farmacias privadas, como parte de un paquete de medidas económicas que busca ampliar la participación de emprendedores. No obstante, estos establecimientos estarán sujetos a regulación estatal, y las importaciones deberán realizarse mediante empresas autorizadas.
Aunque la apertura podría aumentar la disponibilidad de fármacos, persisten dudas sobre su costo. El caso de Sara Márquez, una pensionada de 69 años, ilustra el problema: un medicamento que antes adquiría por unos centavos llegó a costar mil pesos cubanos en el mercado informal, mientras su pensión mensual apenas alcanza para cubrir necesidades básicas.
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