El Senado de Brasil aprobó una enmienda constitucional para reducir la jornada laboral máxima de 44 a 40 horas semanales, sin disminuir los salarios y con dos días de descanso. La medida, respaldada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, podría beneficiar a más de 37 millones de trabajadores, según estimaciones del gobierno brasileño.
La iniciativa se convirtió en una de las principales propuestas laborales del gobierno de Lula, quien busca fortalecer su respaldo político antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 25 de octubre. De acuerdo con la información, se esperaba que el mandatario promulgara la reforma durante la semana siguiente a su aprobación.
Después de meses de oposición, varios legisladores que habían bloqueado la propuesta modificaron su postura y se sumaron a los aliados del presidente. Encuestas recientes mostraban un amplio respaldo ciudadano a la reducción de la jornada, pese a las objeciones de diversos sectores empresariales.
La reforma también adquirió relevancia electoral por el cambio de posición de Flávio Bolsonaro, candidato de la derecha, quien manifestó su apoyo a la medida un día antes de la votación. Anteriormente, defendía un sistema de pago por hora y negociaciones individuales entre empleados y empleadores, además de cuestionar la iniciativa por considerarla motivada por intereses electorales.
Sin embargo, después de respaldarla, Bolsonaro señaló ante empresarios que el nuevo Congreso, donde su partido podría obtener una mayoría simple junto con sus aliados, tendría la posibilidad de revisar la reforma a partir de febrero.
Lula atribuyó el cambio de postura de la oposición a la presión social y a las protestas que reclamaban el fin del esquema de seis días de trabajo por uno de descanso.
En paralelo, el presidente anunció otras medidas para reforzar su apoyo electoral, entre ellas reducciones de impuestos a los combustibles, ampliación de subsidios, una propuesta para condonar deudas de más de 3.6 millones de pequeñas empresas, restricciones a las señales de teléfonos celulares alrededor de las prisiones y mayores pagos para estudiantes universitarios beneficiarios de un programa de asistencia.
La propuesta laboral, trabajada por el gobierno desde el año anterior, representa el punto culminante de estas iniciativas. No obstante, la economista Carla Beni, de la Fundación Getulio Vargas, advirtió que cualquier cambio aprobado durante un año electoral puede interpretarse como una medida destinada a influir en los comicios.
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