Una jueza federal de Estados Unidos ordenó al presidente Donald Trump cancelar los anuncios televisivos pendientes que fueron financiados con dinero de los contribuyentes para difundir mensajes políticos. La resolución se emitió la noche del domingo, pese a que el gobierno argumentó que la campaña publicitaria estaba por concluir.
La jueza de distrito Jennifer L. Rochon, con sede en Nueva York, concedió una orden de restricción temporal a favor de una coalición de organizaciones, entre ellas Common Cause, que cuestionó la legalidad del gasto. La resolución prohíbe celebrar, renovar o ampliar contratos relacionados con la producción, colocación y transmisión de los anuncios durante las dos semanas de vigencia de la medida.
El Departamento de Justicia había sostenido que la intervención judicial era innecesaria, pues la campaña terminaría al día siguiente. Sin embargo, la jueza determinó que debían cancelarse las emisiones restantes, incluidas las programadas para esa misma noche.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destinó 20 millones de dólares de recursos públicos a la publicidad. Especialistas legales señalaron que el gasto podría contravenir una ley federal que impide utilizar partidas aprobadas por el Congreso para fines de publicidad o propaganda, además de otras disposiciones legales.
Los demandantes celebraron la decisión y sostuvieron que no existe justificación para utilizar la estructura gubernamental y recursos destinados a otros propósitos con el objetivo de influir en resultados electorales. En contraste, la funcionaria del DHS Holly Mehringer afirmó que los fondos podían emplearse para conmemorar acciones y acontecimientos relacionados con la seguridad fronteriza.
La Casa Blanca defendió los materiales como anuncios de servicio público, similares a los difundidos por administraciones anteriores. No obstante, los críticos señalaron que estos mensajes no buscan orientar a la población sobre programas gubernamentales específicos.
La campaña comenzó a finales de septiembre e incluyó fragmentos de Trump sobre el comunismo, materiales de su anterior campaña presidencial y un anuncio centrado en el secuestro del mandatario venezolano Nicolás Maduro. El uso de recursos públicos también recibió críticas del republicano John Thune, líder de la mayoría en el Senado, quien consideró que los contribuyentes no debían financiarla.
Por separado, el Comité Nacional Demócrata presentó otra demanda. Ante las críticas, Trump anunció que comenzaría a pagar los anuncios con fondos de su campaña, aunque un funcionario indicó que no existían planes inmediatos para reembolsar el dinero público ya gastado.
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