Un terremoto de magnitud 7.6 sacudió Panamá el pasado 9 de octubre a las 12:56 horas, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El epicentro se ubicó en la comunidad de La Pitaloza, en la península de Azuero, y las provincias de Veraguas, Herrera y Los Santos figuran entre las regiones más afectadas.
Ante los daños ocasionados por el movimiento telúrico, el Gobierno Nacional decretó estado de emergencia para atender las afectaciones y apoyar a las comunidades perjudicadas. Hasta el momento referido en el reporte, no se habían registrado víctimas mortales ni personas desaparecidas. Sin embargo, después del sismo principal se contabilizaron 256 réplicas, lo que ha incrementado la preocupación entre los habitantes.
El impacto se refleja en la infraestructura educativa, habitacional y sanitaria. De acuerdo con los datos difundidos, alrededor de 419 centros educativos presentan afectaciones, mientras que 840 viviendas sufrieron daños parciales o totales. También se reportaron perjuicios en aproximadamente 20 instalaciones de salud, además de carreteras y otras vías de comunicación.
Una de las zonas que enfrenta mayores dificultades es el distrito de Tonosí, donde varias comunidades reportan problemas de comunicación y falta de servicios esenciales, como agua potable y electricidad. Sus habitantes permanecen a la espera de asistencia mientras las autoridades atienden la emergencia y evalúan las condiciones de las áreas afectadas.
El temor a nuevas réplicas y a posibles daños estructurales ha llevado a numerosas personas a permanecer en espacios abiertos durante el día y la noche. Esta medida responde a la preocupación de regresar a viviendas que podrían haber sufrido afectaciones y representar un riesgo para sus ocupantes.
La situación mantiene a las autoridades y a los equipos de emergencia enfocados en la evaluación de daños, la atención de las necesidades básicas y el restablecimiento de los servicios. La evolución de las réplicas y las condiciones de las construcciones serán factores importantes para determinar cuándo las familias podrán volver a sus hogares con mayor seguridad.



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