La ministra María Estela Ríos González presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto que propone negar un amparo promovido por una organización civil contra la falta de legislación e instituciones específicas para atender el desplazamiento forzado interno en México. La propuesta, correspondiente al Amparo en Revisión 269/2025, está prevista para discutirse el 13 de octubre.
El Consejo Nacional de Litigio acusó al Congreso de la Unión de incurrir en una omisión legislativa absoluta al no aprobar una ley federal sobre desplazamiento forzado. También señaló al Poder Ejecutivo por no establecer un organismo especializado ni destinar un presupuesto específico para atender esta problemática.
Aunque el proyecto reconoce la existencia y gravedad del desplazamiento forzado en el país, sostiene que para considerar reclamable una omisión legislativa mediante el juicio de amparo debe existir un mandato constitucional o convencional claro y explícito que obligue a las autoridades a actuar en un sentido determinado.
Al analizar el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución mexicana, la ministra considera que las facultades relacionadas con emigración e inmigración no establecen una obligación imperativa de legislar específicamente sobre desplazamiento interno. Asimismo, el proyecto interpreta que el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite a los Estados determinar los mecanismos para adecuar su legislación nacional, sin imponer un modelo institucional concreto.
Otro punto central es el valor jurídico de los pronunciamientos internacionales. La organización demandante fundamentó parte de sus argumentos en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicados en 2013, 2015 y 2022, así como en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU.
Sin embargo, el proyecto sostiene que las recomendaciones e informes de la CIDH no tienen fuerza vinculante por sí mismos y que no equivalen a tratados internacionales ni a jurisprudencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La propuesta coloca en el centro del debate judicial el alcance de las obligaciones del Estado mexicano frente a las personas desplazadas internamente y los límites del amparo para exigir la creación de leyes y organismos especializados. La decisión final dependerá de la discusión y votación del Pleno de la SCJN.
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