Estudiantes, trabajadores y organizaciones ambientalistas protestaron este jueves en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra la participación del juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en la inauguración del XI Congreso Argentino de Derecho Ambiental. La movilización derivó en la suspensión del encuentro, en medio de cuestionamientos a las políticas del presidente Javier Milei y al papel del Poder Judicial.
Los manifestantes expresaron su rechazo a las propuestas gubernamentales relacionadas con la propiedad de la tierra, al considerar que podrían facilitar la adquisición de territorios por capitales extranjeros. También exigieron la anulación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, al que atribuyen efectos contrarios al marco jurídico y a los intereses nacionales.
Durante la protesta, algunos participantes cuestionaron que Lorenzetti encabezara un encuentro sobre protección ambiental, debido a sus posiciones en asuntos relacionados con el territorio y los bienes comunes. Asimismo, criticaron la composición de la Corte Suprema, integrada por tres magistrados, y recordaron la controversia por las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz durante el gobierno de Mauricio Macri.
En el ámbito legislativo, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa sobre la inviolabilidad de la propiedad privada que contempla procedimientos de desalojo más expeditos por incumplimientos en el pago de alquileres o vencimientos contractuales. La medida genera preocupación entre sectores que advierten sobre sus posibles consecuencias para las familias que enfrentan dificultades para cubrir rentas elevadas.
La situación económica también ha generado pronunciamientos de la Iglesia católica, cuyos representantes han alertado sobre el aumento de la pobreza y las necesidades de los comedores populares que funcionan en el país.
En paralelo, el embajador estadounidense Peter Lamelas afirmó en una reunión empresarial en Neuquén que el financiamiento de organismos de su país podría aumentar de siete mil millones a más de 20 mil millones de dólares, condicionado a que Argentina mantenga el rumbo político y económico del actual gobierno. Sus declaraciones provocaron críticas por una posible injerencia en los asuntos internos argentinos.
La visita del subsecretario de Estado Christopher Landau y del funcionario Juan Pablo Segura forma parte de los preparativos para el viaje del vicepresidente estadounidense, JD Vance, previsto para noviembre. Entre los temas de interés figura el corredor Andes-Atlántico y el posible financiamiento de proyectos mediante organismos estadounidenses.
Además, Estados Unidos establecerá en Buenos Aires una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), destinada a coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
Deja una respuesta