Las recientes modificaciones a la modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrían enfrentar impugnaciones judiciales debido a sus debilidades jurídicas y presupuestales, advirtieron analistas de Banamex. Según el grupo financiero, para garantizar su viabilidad, las restricciones deben consolidarse mediante una reforma aprobada por el Congreso de la Unión.
En su análisis, los especialistas señalaron que el acuerdo administrativo busca reducir los abusos en este esquema de cotización, pero enfrenta contradicciones con la Ley del Seguro Social, que permite registrar un salario superior. Por ello, consideraron que las nuevas disposiciones podrían ser revertidas en tribunales si no cuentan con respaldo legislativo.
La modalidad 40 permite a trabajadores que dejaron de cotizar ante un patrón continuar realizando aportaciones voluntarias para mejorar las condiciones de su futura pensión. Sin embargo, la posibilidad de incrementar el salario de cotización antes del retiro ha generado cuestionamientos sobre la relación entre las aportaciones realizadas y los recursos que debe destinar el sistema pensionario.
De acuerdo con Banamex, las nuevas reglas limitan el salario con el que pueden cotizar los asegurados, aunque persisten distorsiones relacionadas con el régimen de pensiones establecido en la Ley de 1973. Los analistas señalaron que la disposición que considera las últimas 250 semanas cotizadas para calcular la pensión mantiene incentivos para quienes alcanzan salarios elevados al final de su trayectoria laboral.
Otro punto señalado es la falta de información suficiente para calcular el costo total del esquema. El grupo financiero consideró necesario transparentar los salarios de cotización de los 272 mil 900 inscritos actuales e incorporar a la evaluación el gasto federal destinado a las pensiones del régimen de 1973.
Los especialistas propusieron que la modificación se tramite formalmente en el Congreso mediante cambios al artículo 218 de la Ley del Seguro Social. A su juicio, el tema no se limita a una disposición administrativa, sino que involucra el control de un gasto público creciente.
Las nuevas reglas entraron en vigor el 22 de octubre. Conforme a lo señalado en el texto, las personas inscritas pueden cotizar con el último salario registrado ante un patrón o con un monto superior de hasta una Unidad de Medida y Actualización (UMA). También se eliminó la opción de realizar pagos retroactivos, mientras que quienes ya están inscritos conservarán las condiciones de su periodo contratado.
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