Casi tres semanas después de su anuncio y tramitación urgente, el Gobierno español, liderado por el socialista Pedro Sánchez, finalmente aprobó un decreto ley que prohíbe la compra y venta de armas al Estado de Israel, como respuesta al genocidio y la limpieza étnica que se está llevando a cabo en Gaza. No obstante, la medida es parcial y contiene excepciones que permiten, textualmente, “transferencias de material de defensa, otros productos y tecnologías de doble uso” cuando estén en juego “los intereses generales nacionales”. Organizaciones como Greenpeace, que hasta ahora habían apoyado al gobierno, criticaron duramente el decreto por mantener “amplias grietas legales” que permiten seguir siendo cómplices del genocidio.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Pilar Alegría confirmó que en esta ocasión sí se había aprobado el decreto que busca prohibir cualquier importación o exportación de armas y material bélico a Israel. La demora se debió a supuestas “complejidades técnicas”, que en realidad eran las dificultades para sustituir las armas y tecnologías del Ejército español vinculadas a empresas israelíes, con las que existe una estrecha relación comercial. Esto incluye desde munición específica hasta sistemas tecnológicos para comunicaciones militares.
El decreto prohíbe la importación en España de productos provenientes de los asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados, siguiendo la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024. También rechaza la autorización de tránsito por puertos y aeropuertos españoles de barcos que transporten combustible a Israel. Sin embargo, mantiene la excepción por “intereses generales nacionales”.
Greenpeace emitió un comunicado contundente en el que afirma que el decreto “no es un embargo integral, retroactivo ni transparente, ni responde a las exigencias de la sociedad civil, las obligaciones legales internacionales o las necesidades del pueblo palestino”. Señalan que la normativa es ambigua, incompleta y permite seguir siendo cómplices del genocidio. Además, critican que el gobierno pueda hacer excepciones basadas en intereses nacionales y que no haya protocolos ni mecanismos de inspección para controlar el tránsito de material militar por puertos y aeropuertos españoles. Según Greenpeace, un embargo efectivo debería prohibir cualquier tipo de exportación, importación, transferencia, producción o compraventa de armas con Israel, incluyendo todos los tránsitos, con carácter retroactivo y aplicable a contratos públicos y privados, además de contar con mecanismos transparentes y de verificación independiente para asegurar su cumplimiento. La organización concluye que la medida aprobada es insuficiente y no frena la participación española en violaciones graves de derechos humanos.
