Una investigación realizada por una Comisión internacional independiente de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados concluye que las políticas israelíes de tierra y vivienda dificultan la formación de un Estado palestino. El informe señala que Israel busca un control permanente sobre Gaza y asegura una mayoría judía en Cisjordania y dentro de sus fronteras. Además, denuncia que las autoridades israelíes han destruido de manera sistemática infraestructuras civiles y ampliado zonas bajo su control hasta abarcar el 75% de Gaza, lo que limita gravemente el territorio disponible para sus habitantes y afecta su derecho a la autodeterminación.
La investigación califica estas acciones como un posible acto de genocidio, ya que crean deliberadamente condiciones de vida que podrían destruir parcial o totalmente a la población palestina en Gaza. Estas acusaciones siguen a un informe previo que responsabilizó a líderes israelíes por incitación a este crimen.
Aunque Israel justifica sus acciones con motivos de seguridad, la presidenta de la Comisión, Navi Pillay, sostiene que estas medidas solo han aumentado el sufrimiento de los palestinos, quienes carecen de recursos básicos como la capacidad para producir alimentos.
En Cisjordania, la comisión denuncia una estrategia clara de expulsión forzada de palestinos y expansión de asentamientos israelíes, buscando anexar el territorio y evitar la creación de un Estado palestino. Especial atención merece un plan reciente para construir 3.400 viviendas exclusivamente para israelíes, lo que fracturaría Cisjordania y aislaría Jerusalén Este, afectando gravemente la viabilidad del Estado palestino.
El informe también critica las políticas dentro de Israel destinadas a limitar el espacio y movilidad de la población palestina. Los expertos llaman al gobierno israelí a cesar el “genocidio” y la ocupación ilegal, retirar asentamientos y responsabilizan directamente al primer ministro Netanyahu por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio.
