Por Laura Campos Guido – @laura_camposguido
Este 26 de septiembre, México conmemora el Día Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. La fecha es una oportunidad para reflexionar sobre un problema que, aunque muestra avances, sigue siendo una herida abierta en la vida de miles de niñas y jóvenes: los embarazos tempranos.
De acuerdo con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), en nuestro país se registraron en 2021 más de 147 mil nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años, y poco más de 3 mil en niñas menores de 15 años. Estos últimos casos resultan especialmente graves: hablamos de niñas que aún no han terminado de crecer y cuyo cuerpo y proyecto de vida son interrumpidos de manera abrupta. Reconocer que todo embarazo infantil debe entenderse como un embarazo violento es fundamental para asumir con claridad la dimensión del problema.
En Nuevo León, la situación refleja tanto desafíos como avances. En 2018 se contabilizaron más de 14 mil nacimientos de madres de entre 10 y 19 años. Para 2024, la cifra disminuyó a poco más de 7 mil casos; sin embargo, el dato sigue siendo alarmante: en el estado ocurre, en promedio, un parto adolescente cada hora. Más allá de las estadísticas, lo que encontramos son historias de proyectos de vida interrumpidos y de contextos familiares y sociales donde la violencia y la desigualdad se entrecruzan.
La ENAPEA se ha propuesto como meta erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años y reducir a la mitad la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 para el año 2030. Alcanzar esos objetivos requiere más que campañas informativas: implica fortalecer la educación sexual integral en las escuelas, garantizar el acceso a servicios de salud amigables y confidenciales, y sobre todo, reconocer que en la mayoría de estos embarazos existe un trasfondo de violencia sexual, coerción o falta de condiciones para decidir libremente.
Hablar de prevención desde una perspectiva de género significa mirar más allá de los números. Significa preguntarnos por qué las niñas siguen siendo vistas como responsables de “cuidarse”, mientras que los hombres que las embarazan permanecen invisibles en el debate público. Significa también reconocer que cada embarazo en la infancia es un signo de desigualdad estructural que limita las oportunidades educativas, laborales y de desarrollo de las mujeres desde edades tempranas.
En este 26 de septiembre, la efeméride nos recuerda que la prevención no puede reducirse a un eslogan, sino que debe convertirse en una política integral y sostenida. Nombrar todo embarazo infantil como un embarazo violento no busca culpabilizar, sino abrir los ojos a una realidad que aún está presente en Nuevo León y en el país entero. Solo así podremos construir entornos donde las niñas y adolescentes crezcan libres, con información, con oportunidades y con la certeza de que su proyecto de vida no será interrumpido por una maternidad impuesta.
