Monterrey, 2 de octubre 2025
A tres meses de que se aprobara la reforma constitucional en el pleno, el Congreso del Estado de México ha logrado obtener el respaldo de 78 cabildos, lo que confirma la desaparición del Instituto de Transparencia. A partir de este momento, inicia un periodo de 90 días para elaborar las leyes secundarias que formalicen la eliminación de la estructura actual.
José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que 78 de los 125 ayuntamientos dieron su aprobación, por lo que ya se puede declarar oficialmente la reforma. Ahora, se enfocan en definir cómo funcionará el sistema de transparencia en la entidad mexiquense.
El proceso de liquidación del Infoem continúa, y se trabaja en la forma en que se organizará la nueva entidad encargada de la transparencia. Se mantendrá el compromiso con la transparencia y la protección de datos personales, buscando establecer una normativa que pueda ser aplicada desde la Legislatura, el OSFEM o mediante una nueva estructura, pero siempre utilizando la base de datos existente.
Las leyes secundarias se esperan para este mismo año, periodo durante el cual el Infoem aún contará con presupuesto para operar, aunque no estará considerado en el presupuesto de 2026. Se evaluará la necesidad de fortalecer ciertas áreas con recursos o personal especializado.
Algunos municipios no se pronunciaron sobre la reforma, pero ya no se puede esperar más, pues el plazo es limitado para cerrar el proceso antes de que termine el año y no prolongar la existencia de un órgano que legalmente ha dejado de existir.
El legislador mencionó que tras las comparecencias y la presentación del paquete fiscal, se realizarán los ajustes necesarios para definir la fecha exacta en la que se implementarán las reformas secundarias.
La razón principal para extinguir el Infoem es simplificar la estructura administrativa, reducir el gasto público, evitar duplicidades y fortalecer los mecanismos de acceso a la información y rendición de cuentas, sin crear nuevas burocracias. Las funciones del instituto serán asumidas por autoridades ya existentes en materia de control interno y vigilancia.
Los sujetos obligados tendrán la responsabilidad de promover y proteger los derechos de acceso a la información pública y a la privacidad de datos personales. Todas las autoridades y servidores públicos deberán colaborar con las instancias responsables de fomentar la cultura de transparencia y protección de datos.
Las entidades públicas ajustarán sus estructuras de acuerdo con principios de austeridad y racionalidad, eliminando funciones duplicadas y buscando mejorar y modernizar la gestión pública.
Los recursos humanos, materiales, financieros, así como los registros y sistemas del instituto serán transferidos a las nuevas instancias encargadas. Se respetarán los derechos laborales de los empleados actuales, mientras que las personas comisionadas terminarán sus funciones una vez que entren en vigor las leyes secundarias.
