“Custodias sin cuidado”.

Por Laura Campos Guido – @laura_camposguido

Pocas experiencias son tan desgastantes como enfrentar un proceso legal por la custodia de un hijo o hija. Quienes han pasado por ello saben que no se trata solo de trámites o audiencias: es un recorrido emocional, económico y burocrático que puede durar años. Lo que debería ser un procedimiento enfocado en el bienestar de las infancias, termina siendo una carrera de resistencia para las personas cuidadoras —la mayoría de las veces mujeres— que enfrentan audiencias, evaluaciones psicológicas y trámites interminables en un sistema judicial que carece de empatía y de una verdadera perspectiva de cuidados.

El problema no es solo la lentitud del proceso, sino la forma en que se toman las decisiones. La custodia de un niño o niña suele definirse basada en entrevistas breves y pruebas psicológicas estandarizadas que no profundizan en la historia familiar ni en los contextos de violencia que muchas veces existen. En pocas horas, profesionistas sobrecargadas de trabajo emiten valoraciones que pesan más que años de crianza.

Es común que los dictámenes se construyan desde la aparente neutralidad del “interés superior del menor”, pero sin mirar las dinámicas de poder, la violencia previa o la carga desigual del cuidado. Los expedientes judiciales hablan en el lenguaje técnico de la estabilidad emocional, la adaptación o la capacidad parental, pero pocas veces registran lo que no cabe en un formato: el miedo, el cansancio, la historia de cuidados invisibles que sostiene la vida cotidiana de las niñas y los niños.

En muchos casos, los Centros de Convivencia Familiar agravan el problema. Creados como espacios seguros para garantizar el contacto entre infancias y progenitores en conflicto, terminan siendo escenarios burocráticos donde lo emocional se administra por turnos. Las entrevistas y observaciones se realizan en entornos fríos, con poco personal especializado y sin atender los antecedentes de violencia cuando existen. Muchas veces, se obliga a las víctimas a convivir con las personas agresoras en nombre del derecho a la convivencia, sin que nadie cuestione esto.

El sistema judicial mexicano sigue privilegiando la forma sobre el fondo: cumple con los procedimientos, pero no escucha. Las decisiones se toman con base en test psicológicos diseñados para personas en lo individual, no para analizar vínculos familiares complejos. No se evalúa la carga emocional del cuidado ni el impacto de la violencia económica o psicológica. Se busca “equilibrio parental” sin reconocer que no hay equilibrios posibles cuando una de las partes llega herida y agotada por sostener sola la vida cotidiana.

Una reforma judicial con perspectiva de cuidados es urgente. Significa repensar las evaluaciones psicológicas y sociales para que realmente escuchen a las infancias y a las personas que les cuidan. Significa formar equipos interdisciplinarios que comprendan las desigualdades de género y las dinámicas de poder. Significa dejar de ver la custodia como una disputa entre personas adultas y asumirla como una responsabilidad colectiva de garantizar entornos seguros, estables y afectivos.

Porque detrás de cada expediente hay una historia de afectos, miedo y esperanza. Y hasta que el sistema no ponga al centro a las infancias y a quienes las cuidan, seguiremos teniendo custodias sin cuidado: procesos que hablan de derechos, pero olvidan la vida real de quienes los sostienen con amor y cansancio.