Ciudad de México, 18 de noviembre del 2025
Cerca de medianoche, un grupo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación llegó a un puesto de control indígena atendido por kuaris, vigilantes desarmados. Aunque hablaron con aparente cortesía, buscaban que la comunidad permitiera su operación libre en la zona, a cambio de financiar obras locales como la iglesia. No hubo acuerdo, pero quedó claro que el cártel circula con frecuencia por el territorio.
En Michoacán, los pueblos indígenas viven bajo el asedio de grupos criminales, que buscan controlar tanto el territorio como sus recursos forestales, mientras que las comunidades enfrentan un profundo vacío institucional. En años recientes, esta resistencia ha resultado en 35 personas desaparecidas y 33 asesinadas.
El recién anunciado Plan Michoacán generó escepticismo e irritación entre los pueblos, pues pese a la consulta realizada, aseguran que el gobierno solo los escuchó sin atender sus demandas. Nada de lo planteado quedó reflejado en el plan final.
Voceros indígenas como Magdaleno Calvario y Pavel Guzmán señalan que la violencia y la infiltración del crimen en ayuntamientos y comunidades es generalizada, y que la mayoría de los pueblos están desarmados. De las 500 comunidades indígenas, solo 48 tienen autogobierno, lo que les permite organizar mínimas estructuras de seguridad comunitaria.
Sin embargo, alrededor del 60% de las policías comunitarias carece de armas por falta de recursos y por las exigencias de la Sedena para obtener permisos. Varias comunidades han solicitado una base de operaciones interinstitucional, pero después de dos años no han recibido respuesta.
En Jarácuaro, donde habitan 3,500 personas, la búsqueda de seguridad avanzó junto con la obtención del autogobierno en 2021. Con más recursos, construyeron barricadas y formaron un cuerpo de kuaris, pero siguen sin armas. En esta comunidad, la principal defensa es el diálogo, pues saben que enfrentarse al crimen sería suicida.
Los líderes locales temen no solo la violencia, sino la descomposición social que genera la presencia criminal, especialmente entre los jóvenes. Aunque la presencia del Ejército y la Guardia Nacional llega de forma temporal tras hechos violentos, eventualmente se retiran, dejando a los pueblos nuevamente solos.
Frente a esta realidad, diversas comunidades han tenido que dialogar con los grupos criminales para evitar confrontaciones, sin aceptar sus ofertas de dinero, armas o infraestructura, pues hacerlo significaría cederles el control moral y territorial. Como explica un representante de Sevina, aceptar apoyos del crimen sería “una vergüenza”, y la decisión es mantenerse al margen, aunque sepan que los grupos armados circulan por sus tierras.
