Monterrey, 04 de Diciembre del 2025
Organizaciones agrícolas advirtieron que, si la Cámara de Diputados no aprueba la nueva Ley de Aguas en los términos acordados y esta pasa al Senado con modificaciones, escalarán sus protestas con bloqueos en al menos diez estados y en la Ciudad de México.
Actualmente, productores mantienen cierres carreteros en seis entidades —Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes— como parte de su inconformidad.
Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente de los Campesinos, señaló que hasta ahora han evitado movilizarse en la capital del país para privilegiar el diálogo, pero que ese margen se agota.
“Si la ley sigue sin ajustarse, tendremos que ir a la movilización. No hay otra forma de defendernos”, expresó, adelantando que también preparan la presentación masiva de amparos.
El líder campesino informó que sostendrán una reunión con Adán Augusto López, donde insistirán en incorporar dos artículos transitorios que reconozcan perforaciones y alumbramientos históricos, pues de lo contrario miles de productores quedarían en desventaja legal y operativa.
Baltazar Valdez, de Campesinos Unidos de Sinaloa, coincidió en que, si es necesario, también realizarán acciones de bloqueo en la Ciudad de México.
Debate político en San Lázaro
Durante la discusión en Diputados, las bancadas de Morena, PT y PVEM defendieron que la iniciativa protege el derecho al agua, combate el mercado ilegal del recurso e impide su acaparamiento.
En contraste, PRI, PAN y MC denunciaron que el gobierno busca centralizar el control del líquido y darle un uso político.
El dictamen aprobado establece que el Estado será el único encargado de regular el uso del agua, con responsabilidades definidas para autoridades municipales, estatales y federales.
Además, elimina la transferencia de derechos del recurso entre particulares y obliga a devolver a Conagua las concesiones que no se usen adecuadamente, para una reasignación más justa.
La propuesta también contempla la creación del Registro Nacional del Agua, a fin de transparentar y ordenar el control de concesiones y asignaciones, e incluye nuevos criterios de responsabilidad hídrica para quienes reciban el permiso de aprovechamiento.
