Monterrey, 24 de diciembre del 2025
Durante más de diez años, en el estado de Puebla se ha afianzado una red de tiraderos clandestinos que funciona sin ocultarse y con la tolerancia —cuando no la complicidad— de autoridades municipales y estatales. Sus efectos recaen principalmente en comunidades rurales, juntas auxiliares y pueblos originarios, cuyos habitantes hoy conviven diariamente con lixiviados contaminantes, humo tóxico y un aumento sostenido de enfermedades.
Estos basureros ilegales no son episodios aislados ni excepcionales, sino parte de un patrón sistemático de abandono institucional que ha sido documentado en repetidas ocasiones. Sitios que supuestamente fueron clausurados continúan operando, predios declarados como “saneados” vuelven a recibir desechos, y rellenos sanitarios saturados empujan la basura hacia la ilegalidad ante la falta de alternativas reales.
Un ejemplo emblemático es el relleno intermunicipal de San José Chiapa–Nopalucan, señalado desde hace años por pobladores de la región oriental del estado. Aunque fue anunciado como una solución regional al problema de los residuos, el lugar operó sin cumplir normas ambientales básicas, lo que derivó en filtraciones de lixiviados hacia parcelas agrícolas y mantos freáticos, así como incendios recurrentes ocasionados por la acumulación de gas metano.
En Tehuacán y la Sierra Negra, investigaciones periodísticas han registrado al menos una decena de vertederos a cielo abierto ubicados en barrancas, cauces de ríos y antiguos bancos de extracción. Municipios como Ajalpan, Coyomeapan y Zoquitlán arrojan residuos domésticos y comerciales sin ningún control, recurriendo con frecuencia a la quema de basura para reducir su volumen.
Las consecuencias son evidentes y acumulativas: contaminación del río Salado, proliferación de fauna nociva y un incremento de enfermedades gastrointestinales y respiratorias, según testimonios recogidos por organizaciones comunitarias.
La problemática también se reproduce en la zona metropolitana. En San Andrés y San Pedro Cholula, así como en Cuautlancingo y Coronango, se han detectado predios utilizados como tiraderos clandestinos de escombro, residuos industriales y basura doméstica, algunos ubicados a pocos metros de zonas habitacionales. En la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán, vecinas han denunciado descargas nocturnas de camiones que, presuntamente, cuentan con protección de autoridades locales.
Las cifras oficiales confirman la gravedad del escenario. Puebla genera más de siete mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, pero menos del diez por ciento de sus municipios dispone de rellenos sanitarios que cumplen con la normativa ambiental. La mayoría deposita sus desechos en tiraderos a cielo abierto o los traslada a sitios irregulares, sin que existan sanciones efectivas.
En municipios industriales como Huejotzingo, la situación se agrava por la mezcla de residuos domésticos con desechos industriales peligrosos, como solventes, aceites y materiales de construcción abandonados sin control.
Este daño ambiental tiene una profunda dimensión social. Las comunidades más afectadas suelen ser las que enfrentan mayores niveles de pobreza y marginación. Así, la basura se convierte en otro factor de desigualdad: mientras las zonas urbanas concentran los servicios, las áreas rurales absorben los impactos sin recibir beneficios ni compensaciones. En algunos casos, familias enteras sobreviven del reciclaje informal, exponiéndose diariamente a materiales peligrosos.
A pesar de los anuncios oficiales de cierre y remediación, muchos de estos tiraderos siguen activos. Organizaciones ambientales advierten que la omisión tendrá costos irreversibles: contaminación de suelos y acuíferos, pérdida de tierras agrícolas y un deterioro profundo de la salud comunitaria.
Para miles de poblanos, la basura no es un problema abstracto de política pública, sino una realidad cotidiana que define el paisaje, el aire que respiran y el suelo donde intentan seguir viviendo.
