Monterrey, 02 de enero del 2026
El Tribunal de Enjuiciamiento con sede en el penal de San Miguel, ubicado en la capital del estado de Puebla, dictó una sentencia de 60 años de prisión contra Javier López Zavala, ex candidato a la gubernatura de Puebla por el PRI, así como contra Jair Mauricio Domínguez, su sobrino, y Silvestre Vargas Ruiz, un sicario proveniente de Veracruz. Todos ellos fueron hallados responsables del feminicidio de la abogada Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022.
Además de la pena de prisión, el tribunal impuso a cada uno de los sentenciados una multa de mil unidades de medida y actualización (UMA), así como el pago de 3 mil UMA en concepto de reparación del daño moral a la familia de la víctima, y 1,200 UMA como indemnización, lo que equivale a un total de 724,096 pesos por persona.
Helena Monzón, hermana y representante legal de Cecilia, celebró la decisión del tribunal, señalando que se tomó en cuenta el comportamiento “impune” de los acusados tanto antes como durante el juicio, lo que fue considerado un agravante para imponer la pena máxima establecida en el Código Penal estatal. Asimismo, advirtió que ante posibles impugnaciones y solicitudes de amparo, el equipo legal de la familia deberá defender este fallo histórico, que marca un precedente al condenar a Javier López Zavala, quien fuera titular de la Secretaría de Gobernación durante la administración priista de Mario Marín, actualmente preso por tortura contra la periodista Lydia Cacho.
El tribunal determinó que López Zavala actuó como autor intelectual del feminicidio de Cecilia, su ex pareja y madre de su hijo menor de edad. Por su parte, Jair Mauricio Domínguez y Silvestre Vargas fueron considerados autores materiales del crimen. La Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que López Zavala proporcionó los recursos y facilidades necesarias a su sobrino para ejecutar el homicidio, con la colaboración del sicario. Cecilia fue interceptada mientras conducía su camioneta sobre el Camino Real a Cholula y recibió siete disparos con un arma de fuego calibre 9 milímetros, después de lo cual sus agresores huyeron.
Según la investigación, el motivo del crimen fue el intento de López Zavala de silenciar a Cecilia tras denuncias de violencia familiar y conflictos por la pensión alimentaria de su hijo.
Colectivos de organizaciones civiles, que asistieron al tribunal en representación de más de 300 personas, celebraron la sentencia, destacando su relevancia en un país donde el 95 % de los feminicidios quedan impunes. Subrayaron que este fallo se logró gracias a la presión constante de las víctimas y activistas que vigilaban el proceso judicial.
Este caso marca un precedente significativo, demostrando que los delitos de violencia de género pueden ser juzgados sin importar el poder o la posición social de los responsables. Helena Monzón destacó que la condena, emitida el 23 de diciembre, representa un avance importante en el acceso a la justicia para las víctimas.
La abogada también agradeció el acompañamiento de la FGE, en particular de la fiscal general Idamis Pastor Betancourt, así como de los agentes del Ministerio Público y de los abogados Minerva Sánchez y Tirso de la Torre.
Finalmente, la sentencia contra López Zavala se sumará a las sanciones por violencia familiar, delito por el cual ya fue hallado culpable en dos ocasiones; sin embargo, la imposición de la pena de prisión dependerá de la resolución definitiva de los recursos de amparo pendientes.
