Monterrey, 5 de enero del 2026
En una trinchera improvisada, ubicada en las cercanías de la comunidad de Hacienda de Dolores, en el municipio de Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente de Guerrero, decenas de personas —niños, jóvenes y adultos— del ejido Guajes de Ayala se han congregado con un único objetivo: impedir que integrantes del grupo criminal conocido como La Familia Michoacana (FM) entren a sus tierras.
Mientras llevan a cabo labores de vigilancia, los habitantes de localidades como El Pescado, Los Órganos, El Saibal, La Sierrita, Los Gachupines y La Saiba María deben abandonar temporalmente sus hogares, dejando desatendidas sus cosechas, animales y otras propiedades, arriesgando sus medios de vida para proteger sus comunidades.
Javier Hernández Peñaloza, presidente del comisariado del ejido Guajes de Ayala, recuerda que, antes de que la violencia se generalizara en la región, eran 13 pueblos que compartían más de 18 mil hectáreas de bosques, ríos y zonas de explotación minera, los principales intereses que atraen a la FM. Hernández señala que la trinchera en Hacienda de Dolores es solo una de varias, pero destaca por su ubicación estratégica, pues limita con el ejido El Balcón, San Antonio las Texas y la cabecera municipal de Coyuca de Catalán.
La corresponsalía recorrió durante dos días varias de estas localidades, donde la mayoría de los habitantes han sido desplazados debido a la violencia que generan los grupos delictivos. Desde Chilpancingo, la capital del estado, se requieren más de 12 horas de viaje por caminos de terracería en pésimo estado para llegar a El Pescado, lo que evidencia el aislamiento y vulnerabilidad de estas comunidades.
Hernández Peñaloza explica que una de las principales demandas de los pobladores es la instalación de una Base de Operaciones Mixtas (BOM) en Hacienda de Dolores, solicitud que, hasta ahora, los gobiernos federal y estatal han ignorado. Por ello, los habitantes realizan rondines de vigilancia diaria desde 2021, cuando ocurrieron las primeras incursiones de la FM, que obligaron a gran parte de la población a desplazarse.
“Estos operativos buscan proteger a nuestras familias frente a las amenazas del crimen organizado. El gobierno no garantiza nuestra seguridad, así que tenemos que hacerlo nosotros”, comenta Hernández, quien aclara que los habitantes no están preparados para tareas de seguridad, y que su objetivo siempre ha sido que la autoridad oficial proteja la zona. Señala que, de recibir seguridad por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o la Guardia Nacional, podrían resguardar sus bienes sin necesidad de portar armas, cuyo uso considera mayormente indebido en el país.
Durante la entrevista, Hernández señala hacia un cerro cercano donde aún quedan los resultados de la cosecha: los rondines de vigilancia, aunque necesarios, distraen a los pobladores de sus actividades cotidianas, lo que podría ser aprovechado por los criminales. Insiste en que la paz es fundamental para garantizar la siembra, la cosecha y cualquier otra actividad laboral de la Sierra de Guerrero.
La preocupación de los habitantes no desaparece ni cuando regresan a casa. Las familias viven con miedo constante; madres, padres y niños sienten la tensión de no saber si volverán sanos y salvos tras los rondines. Además, Hernández critica que los tres niveles de gobierno no atiendan a los desplazados, quienes muchas veces quedan desamparados y, en casos extremos, podrían ser reclutados por la delincuencia organizada.
A pesar de todo, los habitantes defienden su territorio. “Solo estamos protegiendo lo nuestro, la autonomía de nuestros pueblos. No queremos vivir bajo las órdenes de la FM”, asegura. La presencia del crimen organizado en la minería y explotación de recursos naturales, liderada por los hermanos Hurtado, representa un interés económico que amenaza con apropiarse de la Sierra y financiar sus operaciones.
La violencia también ha afectado servicios esenciales: las escuelas han suspendido clases por inseguridad, y los centros de salud carecen de personal, medicinas y material básico. Hernández denuncia el abandono de la Sierra, exigiendo que se respeten los derechos de los habitantes a vivir en paz, recibir educación y atención médica. A pesar de que algunas comunidades quedan con solo siete habitantes, aseguran que permanecerán en su territorio y continuarán defendiendo sus tierras, incluso frente a la inacción de autoridades federales y estatales.
En una conferencia improvisada en la trinchera, rodeados de rosas y bajo la sombra de un amate, los campesinos pidieron directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum que garantice seguridad en la región. Explicaron que la FM busca controlar Guajes de Ayala, vital por su ubicación estratégica como ruta principal de salida de Tierra Caliente hacia la Costa Grande. Con más de 18 mil hectáreas, incluyendo bosques, minas y grandes fuentes de agua, la comunidad defiende su territorio, su autonomía y su derecho a vivir sin miedo.
