Monterrey, 8 de enero del 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que agilice las investigaciones relacionadas con el descarrilamiento del Tren Interurbano ocurrido hace dos semanas en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, así como los procesos para garantizar una reparación integral del daño a las víctimas y sus familias. Subrayó que no es indispensable que los afectados recurran a bufetes de abogados privados para recibir justicia o compensación.
La mandataria advirtió que, en muchas ocasiones, algunos despachos legales se acercan a las víctimas con el argumento de que no cobrarán honorarios, pero posteriormente retienen un porcentaje de la indemnización obtenida. En ese sentido, aseguró que el gobierno federal asume el compromiso de otorgar la reparación integral conforme a la ley, por lo que la intervención de abogados externos no es necesaria.
Sheinbaum enfatizó que corresponde a la FGR establecer las condiciones del proceso, siempre apegándose a los protocolos internacionales y a la Ley General de Víctimas. Durante la conferencia matutina, señaló que se ha pedido a la fiscalía que presente su informe lo antes posible, sin dejar de lado la profundidad y seriedad que requiere la investigación, y que paralelamente se aceleren los mecanismos de compensación a los afectados.
Explicó que, independientemente de la causa específica del accidente, se trata de un tren operado por la Secretaría de Marina, por lo que tanto la aseguradora como el gobierno tienen responsabilidades directas. Por ello, insistió en que los procedimientos deben avanzar con mayor rapidez, mientras la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) mantiene contacto permanente con las familias durante el desarrollo de las indagatorias.
La presidenta reiteró su postura en contra de que las víctimas sean representadas por abogados privados, a raíz de una denuncia presentada por un bufete. No obstante, reconoció que las personas afectadas tienen pleno derecho a recurrir a representación legal si así lo desean. Aclaró que ya existe una carpeta de investigación abierta de oficio por la fiscalía, derivada del fallecimiento de 14 personas y de las lesiones sufridas por otros pasajeros, y que cualquier denuncia adicional se integrará a ese mismo expediente.
Por su parte, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, informó que la licitación para contratar seguridad privada encargada del control de accesos del Tren Interoceánico fue declarada desierta. Sin embargo, precisó que la seguridad general del ferrocarril continúa bajo responsabilidad de la Marina. Detalló que el contrato de la empresa que prestaba el servicio desde el año pasado fue ampliado por un mes, mientras se lanza una nueva licitación, ya que los participantes anteriores no cumplieron con los requisitos establecidos.
A dos semanas del accidente, el almirante aseguró que se mantiene la cadena de custodia en coordinación con personal de la Marina y la FGR. Expresó su confianza en que la fiscalía emitirá en breve un dictamen claro y transparente sobre lo ocurrido, y señaló que se trabaja conjuntamente con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para determinar las causas y deslindar responsabilidades. Añadió que, hasta el momento, no se han detectado anomalías en el tramo donde ocurrió el descarrilamiento, el cual cumple con estándares internacionales de construcción.
Respecto a la posibilidad de un sabotaje, Morales fue enfático al señalar que esa hipótesis solo puede ser confirmada o descartada por la fiscalía, y llamó a actuar con responsabilidad para evitar especulaciones. Indicó que peritos especializados realizan los análisis técnicos correspondientes y que la fiscal Ernestina Godoy convocó al Colegio de Ingenieros para apoyar en algunos peritajes. Concluyó que los expertos deberán emitir primero un dictamen inicial y posteriormente determinar la causa raíz del accidente, siempre basándose en evidencia técnica y experiencia profesional.
