Ciudad de México, 14 de enero del 2026
El FBI realizó un allanamiento en la vivienda de la periodista Hannah Natanson, del diario The Washington Post, como parte de una investigación sobre un contratista acusado de retener documentos oficiales clasificados de manera ilegal. El registro, ocurrido en su domicilio en Virginia, ha sido calificado por el periódico como “inusual y agresivo”, al ser poco común que las autoridades federales intervengan hogares de periodistas en investigaciones vinculadas a filtraciones de información.
Durante el allanamiento, los agentes incautaron dispositivos electrónicos, incluyendo su teléfono móvil, dos computadoras portátiles y un reloj inteligente, aunque las autoridades subrayaron que Natanson no es objeto directo de la investigación. El foco del caso es Aurelio Pérez Lugones, un administrador de sistemas en Maryland acusado de acceder y sustraer información de inteligencia de manera ilegal, lo que motivó la intervención del FBI.
Natanson forma parte del equipo de periodistas del Washington Post que recibió el Premio Pulitzer en 2022 por su cobertura del asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021. La reportera se ha especializado en la cobertura de la Administración del presidente Donald Trump, y el allanamiento ha generado críticas sobre los límites entre la investigación de filtraciones y la protección de la libertad de prensa en Estados Unidos.
El Washington Post enfatizó que estas acciones son extraordinarias y que intervenciones de este tipo en domicilios de periodistas son prácticamente inéditas en el marco de casos de filtración de documentos oficiales. Expertos en derechos civiles han señalado que este tipo de procedimientos podrían generar preocupaciones sobre la intimidación a periodistas y la vigilancia sobre la prensa independiente, aspectos que forman parte del debate sobre transparencia y seguridad nacional.
Aunque el FBI asegura que la investigación se centra en el contratista acusado y no en Natanson, la medida ha encendido la discusión pública sobre los límites legales y éticos de la recopilación de pruebas cuando hay involucrados medios de comunicación y periodistas que informan sobre asuntos de interés público.
