Monterrey, 14 de enero del 2026
La Corte Suprema de Estados Unidos parece encaminada a propinar un nuevo golpe a la comunidad transgénero, al mostrar disposición para avalar las leyes estatales que impiden que niñas y adolescentes trans participen en equipos deportivos escolares femeninos. Este posible fallo se inscribe en una tendencia reciente del máximo tribunal, cuya mayoría conservadora ha emitido en el último año resoluciones adversas a los derechos de las personas transgénero.
Durante más de tres horas de audiencias, los jueces escucharon argumentos destinados a sostener que dichas prohibiciones no contravienen ni la Constitución ni el Título IX, la ley federal que prohíbe la discriminación por sexo en el ámbito educativo. Los estados defensores de estas normas sostienen que su objetivo principal es preservar la equidad competitiva en el deporte femenino.
Hasta ahora, más de dos docenas de estados gobernados por mayorías republicanas han aprobado leyes que restringen la participación de atletas transgénero. Sin embargo, tribunales inferiores habían fallado previamente a favor de los deportistas que impugnaron estas normas en estados como Idaho y Virginia Occidental, lo que elevó el conflicto hasta la Corte Suprema.
Este enfrentamiento legal ocurre en un contexto político más amplio, marcado por una ofensiva del presidente estadounidense Donald Trump contra la población transgénero desde el inicio de su segundo mandato. Entre las medidas impulsadas se encuentran la exclusión de personas trans del ejército y la afirmación oficial de que el género es una característica fija determinada al nacer.
Los magistrados deben sopesar, por un lado, las denuncias de discriminación sexual presentadas por personas transgénero y, por otro, el argumento estatal de garantizar una competencia justa para mujeres y niñas. Este dilema ha polarizado tanto a la opinión pública como al mundo del deporte.
Uno de los casos analizados es el de Idaho, donde Lindsay Hecox, de 25 años, demandó el derecho a intentar ingresar a los equipos femeninos de atletismo y cross country de la Universidad Estatal de Boise. Aunque no logró ser seleccionada —según su abogada, por no alcanzar el nivel competitivo requerido—, sí participó en deportes a nivel de clubes universitarios.
También compareció Becky Pepper-Jackson, una estudiante de 15 años de Virginia Occidental que se identifica públicamente como niña desde los ocho años, ha recibido tratamiento para la pubertad y cuenta con un certificado de nacimiento que la reconoce legalmente como mujer. Es, además, la única persona transgénero que ha solicitado competir en deportes femeninos en ese estado.
El debate ha dividido incluso a figuras destacadas del deporte. Atletas como Martina Navratilova, Summer Sanders, Donna de Varona y Kerri Walsh-Jennings respaldan las prohibiciones estatales, mientras que otras, como Megan Rapinoe, Becky Sauerbrunn, Sue Bird y Breanna Stewart, defienden la inclusión de las atletas transgénero.
El procurador general de Idaho, Alan Hurst, afirmó que la ley de su estado es necesaria para asegurar la justicia competitiva, argumentando que existen diferencias físicas evidentes entre hombres y mujeres en el ámbito deportivo. En contraste, organizaciones de derechos civiles sostienen que estas normas excluyen y estigmatizan a una minoría ya vulnerable.
De acuerdo con datos del Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la UCLA, alrededor de 2.1 millones de adultos y 724 mil adolescentes de entre 13 y 17 años se identifican como transgénero en Estados Unidos, una cifra que subraya la relevancia social y legal de las decisiones que están por tomarse.
