Ciudad de México, 19 de enero del 2026
Colectivos, organizaciones defensoras del derecho a la vivienda y personas desalojadas del inmueble ubicado en República de Cuba 11 manifestaron su rechazo al proyecto presentado por la ministra María Estela Ríos González, el cual propone reconocer la validez del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías. Los inconformes señalaron que la redacción ambigua de dicha norma ha permitido abusos en desalojos forzosos y representa un riesgo para miles de familias.
Ante esta situación, llamaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a posponer la discusión del proyecto, programada para el próximo lunes, y a convocar a un debate público que incluya a personas afectadas, especialistas y organizaciones civiles, con el fin de analizar a fondo las implicaciones del artículo.
De acuerdo con el abogado Arturo Aparicio, la norma fue expedida el 8 de febrero de 2019 tras presiones del sector inmobiliario y de actores como el exprocurador Ignacio Morales Lechuga, actual notario 116 de la Ciudad de México, quien —según lo expuesto— mantiene vínculos con la inmobiliaria GDC Desarrollo, propiedad de su hijo Santiago Morales Broc.
Posteriormente, en junio de 2019, el Congreso de la Ciudad de México modificó el artículo, eliminando garantías clave como la obligación de los jueces de escuchar a las personas sujetas a desalojo y el deber de las autoridades de asegurar un realojamiento adecuado.
Por estas modificaciones, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) promovió una acción de inconstitucionalidad, al considerar que el legislativo local vulneró los principios de progresividad y no regresividad de los derechos humanos. Sin embargo, tras casi siete años, la ministra Ríos González presentó un proyecto que considera infundado dicho recurso y valida la norma en su versión actual.
En conferencia de prensa, los colectivos anunciaron un mitin frente a la Corte el lunes a las 8 de la mañana. Aparicio subrayó que no se trata de retrasar indefinidamente el caso, sino de resolverlo con participación social y sin avalar un enfoque que, advirtió, debilita el derecho a la vivienda.
Entre los participantes se encuentran los frentes Antigentrificación y por la Vivienda Joven, el Observatorio Vecinal Escandón, la Clínica Jurídica María Luis Marín de la Universidad Iberoamericana y Habitat International Coalition-América Latina, entre otras organizaciones.
