Monterrey, 20 de enero del 2026
En Estados Unidos, la posibilidad de que se realice otra elección se ha convertido en un tema recurrente en la conversación pública. Esta idea ha sido incluso promovida por el propio presidente Donald Trump durante su primer año en la Casa Blanca, en un contexto marcado por el creciente descontento ciudadano hacia la economía y por una desaprobación generalizada de su gestión.
“Al pensarlo, ni deberíamos tener una elección” para noviembre de 2026, comentó Trump en una reciente entrevista con Reuters. Al día siguiente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró que se trataba de una broma, mientras que otros funcionarios indicaron que sus comentarios buscan únicamente provocar a sus críticos. No obstante, el mandatario parece disfrutar reiterando esta idea de manera constante.
La reacción pública ha sido mixta. No todos lo toman a la ligera: expertos como el profesor Jason Stanley de la Universidad de Yale se mudaron a Canadá en 2025; celebridades como George Clooney y Amal Clooney establecieron su residencia principal en Francia; y varias personas están buscando doble nacionalidad o trasladándose temporalmente fuera del país, preocupadas por la posibilidad de que se avecinen conflictos internos. Algunos ex asesores antiterroristas incluso se preguntan si Estados Unidos podría estar al borde de una guerra civil.
Por ahora, no existen indicios concretos de que las elecciones legislativas y de gobernadores programadas para noviembre sean canceladas o pospuestas. De hecho, Trump ha trabajado para fortalecer la estrategia electoral de su partido y mantener su mayoría en el Congreso. Sin embargo, la sola discusión sobre la posibilidad de suspender elecciones refleja el impacto profundo que su presidencia ha tenido sobre la vida política y social del país. Cabe recordar que al final de su primer mandato, Trump no solo se negó a aceptar su derrota electoral, sino que promovió un intento de golpe de Estado.
El presidente y su equipo han impulsado reformas radicales de corte conservador. En su primer año, se reportaron 317 mil despidos de empleados federales, eliminación de derechos civiles y protecciones para minorías, y esfuerzos por desmantelar agencias gubernamentales, entre ellas la Agencia para el Desarrollo Internacional y el Departamento de Educación. Muchos de estos cambios se encuentran actualmente en disputa judicial, pero ya han tenido efectos visibles: recortes de presupuestos, cierres de oficinas y reducción de programas.
Más allá del ámbito federal, el gobierno ha utilizado el presupuesto para presionar a universidades, restringir medios de comunicación, limitar el financiamiento a organizaciones sociales y supervisar instituciones culturales, promoviendo únicamente la visión “patriótica” de su administración. Instituciones como el Centro Kennedy han sido renombradas bajo su influencia, y se han eliminado exhibiciones en museos que no se alinean con su narrativa política.
A pesar de estos ataques, la sociedad civil estadounidense continúa activa. Abogados y ciudadanos han recurrido a tribunales y protestas para contrarrestar abusos de poder, proteger derechos y defender a comunidades vulnerables. Sin embargo, el impacto de las políticas de Trump sobre universidades, medios y organizaciones sin fines de lucro ha transformado la forma en que funciona la vida pública en Estados Unidos.
Además, el gobierno ha prohibido el uso de términos como “diversidad”, “equidad”, “crisis climática” o “inmigrantes” en programas educativos financiados por el Estado, lo que evidencia un intento de controlar el discurso público.
Estas medidas han puesto al sistema político estadounidense –considerado durante décadas un modelo de democracia– bajo presión. Para las elecciones de noviembre, que incluyen todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, no se espera un proceso totalmente imparcial. Existen preocupaciones sobre amenazas, violencia y manipulación del voto, especialmente tras los antecedentes de Trump, acusado de incitar al asalto del Capitolio en 2020.
Durante este primer año, Trump ha emitido órdenes ejecutivas para limitar el acceso al voto, purgar registros y restringir la independencia de los funcionarios electorales estatales y locales. Gobiernos republicanos en Texas, Ohio y Georgia han introducido nuevas normas para favorecer a su partido, mientras que estados demócratas como California y Nueva York buscan contrarrestar esas medidas. El presidente incluso ha amenazado con desplegar fuerzas militares si percibe “irregularidades” durante las elecciones.
A lo largo de este periodo, Trump ha responsabilizado a su predecesor demócrata por la inflación, la migración y otros problemas nacionales, pero los votantes parecen cada vez menos receptivos a esos argumentos. Según CNN, muchos ciudadanos consideran que el presidente ha priorizado cuestiones equivocadas y no ha hecho lo suficiente para enfrentar el aumento del costo de vida.
