Ciudad de México, 22 de enero del 2026
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) suspendió el proyecto de ampliación del Puerto de Manzanillo en la Laguna de Cuyutlán, Colima, debido a los impactos ambientales que generaría, decisión que fue celebrada por diversas cooperativas ambientales y organizaciones de derechos humanos.
Estas agrupaciones demandan ahora la cancelación permanente del proyecto, advirtiendo que la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) aún podría solicitar una nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en modalidad regional que abarque la totalidad de las obras.
Cooperativas de apicultores, salineros, pescadoras, así como redes como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) y la Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), señalaron que la construcción del Puerto Nuevo Manzanillo no es social, económica ni ambientalmente viable.
Además, demandaron la derogación de los decretos presidenciales que delimitan y habilitan el puerto en la Laguna de Cuyutlán, publicados en 2023, al considerar que atentan contra la conservación del ecosistema y los medios de vida locales.
Para estas organizaciones, la laguna debe ser reconocida como una solución basada en la naturaleza, frente a la triple crisis planetaria señalada por la ONU: pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación tóxica.
Propusieron impulsar programas de conservación, restauración y desarrollo sostenible para las comunidades tradicionales, y promover su uso como espacio de educación ambiental y mitigación de los efectos de la crisis ecológica. También solicitaron ampliar su reconocimiento como sitio Ramsar e impulsar la creación de áreas naturales protegidas terrestres, lagunares y marinas.
Finalmente, enfatizaron que no aceptarán que la destrucción del ecosistema se presente como desarrollo, e hicieron un llamado a la población a mantenerse activa frente a cualquier intento de reactivar el proyecto. Asimismo, instaron a implementar políticas públicas, inversión y programas que apoyen de forma permanente a las comunidades que dependen de la laguna, incluyendo salineros, agricultores, apicultores, cooperativas pesqueras y proyectos de ecoturismo.
