Ciudad de México, 30 de enero del 2026
La Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y al Instituto Nacional Electoral (INE) para que investiguen a la empresa Sandra Cuevas Diamond Group, propiedad de la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, por un presunto financiamiento indebido relacionado con actos de precampaña y campaña.
Además, el IECM avaló la apertura de dos procedimientos administrativos sancionadores en contra de Sandra Cuevas Nieves, derivado de un evento realizado en agosto de 2025, el cual fue difundido en redes sociales y medios de comunicación. En dicho acto, la ex funcionaria expresó su intención de crear un nuevo partido político y manifestó su interés en contender por la Jefatura de Gobierno en 2030.
Las investigaciones también incluyen a Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, señalado como coordinador del movimiento que busca constituirse como agrupación política. Tras el análisis de las pruebas presentadas, la autoridad electoral determinó que existen indicios de un posible posicionamiento anticipado de Cuevas con miras al proceso electoral 2029-2030.
De acuerdo con el IECM, los mensajes difundidos podrían interpretarse como actos de promoción personalizada, al favorecer la imagen de Cuevas, quien eventualmente podría ser postulada por la organización México Nuevo, actualmente en proceso de obtención de registro. La consejera Sonia Pérez explicó que, aunque inicialmente las denuncias fueron desechadas por la lejanía del proceso electoral, una impugnación presentada por Movimiento Ciudadano derivó en que el Tribunal Electoral local ordenara reabrir el análisis del caso.
En otros asuntos, el organismo electoral inició un procedimiento sancionador contra el concejal panista Guillermo Ruiz Tomé, de la alcaldía Álvaro Obregón, por presunta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, tras la entrega de calentadores solares y tinacos con su nombre e imagen.
Asimismo, se abrió una investigación contra los diputados Diana Barragán (PT), Fernando Zárate (Morena), María del Rosario Morales (Morena) y la legisladora federal Carina Piceno (Morena), por presuntas irregularidades en la difusión de informes de labores. En el caso de Barragán, se ordenó el retiro de propaganda que excedió los plazos legales.
