Ciudad de México, 13 de febrero del 2026
La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó, a solicitud del presidente Daniel Noboa, la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad, presentada como una herramienta para reforzar la seguridad digital y proteger infraestructuras críticas del Estado. El proyecto, impulsado inicialmente por el Ministerio de Telecomunicaciones, busca prevenir delitos informáticos y modernizar la gestión tecnológica bajo estándares internacionales.
Sin embargo, la normativa generó fuerte controversia. Legisladores que votaron en contra advirtieron que podría consolidar un aparato de control y vigilancia estatal, especialmente contra la oposición política y sectores críticos del gobierno.
Uno de los puntos más debatidos es la vinculación con Palantir Technologies Inc., empresa estadunidense especializada en integración y análisis de datos, que mantiene un contrato vigente con el Estado ecuatoriano desde mayo de 2025 para tareas de Seguridad Nacional. Entre sus funciones está el monitoreo de redes de contrabando y el análisis en tiempo real de exportaciones e importaciones, incluyendo el perfilamiento de más de 90% de las declaraciones aduaneras.
Palantir ha trabajado con agencias como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, lo que ha despertado preocupaciones sobre el uso de tecnologías de policía predictiva y la posibilidad de vigilancia masiva bajo el argumento de seguridad.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de prensa alertaron que la ley podría utilizarse para inhibir investigaciones periodísticas o debilitar principios democráticos. También se recordó que, tras las protestas indígenas y sociales de 2022 y 2025, se denunciaron intercepciones de comunicaciones privadas y bloqueos en zonas rurales, lo que habría vulnerado el derecho constitucional a la protección de datos.
El gobierno sostiene que la norma se articulará con la Política Nacional de Ciberseguridad y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, actualmente en actualización, para garantizar coherencia normativa y fortalecer el ecosistema digital del país.
