Ciudad de México, 23 de febrero del 2026
La diputada local Diana Sánchez Barrios informó que presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por el retiro de aproximadamente 60 vendedores en vía pública, derivado de un operativo encabezado por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, en la avenida Ribera de San Cosme.
La legisladora argumentó que esta acción vulnera acuerdos previos y anunció que también interpondrá una demanda administrativa ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, con el propósito de que tanto el gobierno capitalino como la alcaldía reconozcan la existencia de una minuta de acuerdo. Según explicó, dicho documento permitió la reubicación de comerciantes que anteriormente se encontraban en el túnel de la calle Génova, en la Glorieta de Insurgentes, hacia la avenida Ribera de San Cosme, en su cruce con avenida Insurgentes.
Sánchez Barrios sostuvo que la remoción reciente contradice los compromisos establecidos y afecta el sustento de decenas de familias dedicadas al comercio informal. En este contexto, se prevé que durante la semana se lleve a cabo una tercera mesa de diálogo entre representantes de los vendedores, autoridades del gobierno central y de la alcaldía, debido a que hasta el momento no se ha alcanzado un consenso que permita el regreso de los ambulantes a los espacios que ocupaban.
Por su parte, la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública continúa recabando información y documentación relacionada con el proceso de ordenamiento implementado en la pasada administración para la recuperación de la Glorieta de Insurgentes. El conflicto evidencia la tensión entre las políticas de reordenamiento urbano y los derechos laborales de quienes dependen del comercio en espacios públicos.
