Ciudad de México, 12 de marzo del 2025
Una fuerte tensión social se registró en la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia de Jujuy, donde centenares de docentes, trabajadores estatales y vecinos realizaron una marcha con antorchas para protestar contra los bajos salarios y la crisis económica. La movilización buscaba llegar a la sede del gobierno provincial, pero fue interceptada por efectivos de infantería policial, lo que generó momentos de confrontación.
Los manifestantes denunciaron que el salario promedio del sector público ronda los 400 mil pesos, cifra que consideran insuficiente frente al alto costo de vida. Según estimaciones citadas durante la protesta, la canasta básica supera los 2.3 millones de pesos, lo que coloca a una gran parte de los trabajadores en situación de pobreza o vulnerabilidad económica. Esta situación, aseguran, ha impedido incluso el inicio normal del ciclo escolar en algunas zonas.
Las protestas en Jujuy forman parte de un clima de conflictividad social más amplio en Argentina, donde distintos sectores han manifestado su descontento por la pérdida del poder adquisitivo y las condiciones laborales. En otras provincias también se han registrado movilizaciones, e incluso rebeliones dentro de cuerpos policiales, como ocurrió recientemente en Santa Fe, una de las jurisdicciones más importantes del país.
El conflicto en Jujuy se produce mientras el gobernador Carlos Sadir, integrante de la Unión Cívica Radical, se encuentra en el extranjero participando en una comitiva junto al presidente Javier Milei. De acuerdo con analistas locales, la agenda del viaje incluye reuniones con inversores internacionales y discusiones sobre privatizaciones de empresas estatales, lo que ha generado críticas de algunos sectores políticos y sociales.
En paralelo a la tensión social, el país se prepara para conmemorar el 50 aniversario del golpe de Estado de 1976, uno de los episodios más oscuros de su historia reciente. En ese contexto, el Equipo Argentino de Antropología Forense anunció el hallazgo de restos de 12 personas desaparecidas durante la dictadura militar en el antiguo centro clandestino de detención conocido como La Perla, ubicado en la provincia de Córdoba.
El descubrimiento es resultado de años de investigaciones forenses y judiciales destinadas a esclarecer el destino de víctimas de desaparición forzada durante el régimen militar. El juez Hugo Vaca Narvaja informó que las identificaciones de las víctimas podrían darse a conocer en las próximas semanas, una vez concluidos los análisis correspondientes y con el consentimiento de sus familiares.
Organizaciones de derechos humanos consideran que estos hallazgos representan un avance importante en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas del terrorismo de Estado. Entre los grupos más activos en esta causa destacan las históricas Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, que desde hace décadas encabezan la lucha por la memoria, la justicia y la identificación de los desaparecidos.
Así, mientras crece la tensión social por la crisis económica, Argentina también enfrenta el desafío de preservar la memoria histórica y continuar las investigaciones sobre los crímenes cometidos durante la dictadura.
