Organizaciones ambientalistas, entre ellas la Alianza Mexicana contra el Fracking, manifestaron su rechazo al anuncio del Gobierno federal de autorizar proyectos piloto de fracturación hidráulica (fracking) en Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas, al considerar que la medida representa un riesgo para la seguridad hídrica, el medio ambiente y los derechos humanos.
Los colectivos señalaron que no existe evidencia científica concluyente que demuestre que las nuevas tecnologías propuestas para la extracción de hidrocarburos eliminen los impactos asociados al fracking. Afirmaron que especialistas nacionales e internacionales han advertido sobre riesgos persistentes como la contaminación de acuíferos, fugas de metano, sismos inducidos y afectaciones ambientales y sociales.
Asimismo, criticaron que la decisión se haya tomado sin la participación de comunidades potencialmente afectadas, pueblos indígenas y expertos en salud pública, derechos humanos y medio ambiente. A su juicio, el debate sobre esta técnica trasciende el ámbito técnico, al involucrar aspectos territoriales, climáticos y sociales.
Las organizaciones también citaron información de CartoCrítica, según la cual la recuperación de apenas el 10 % de los recursos prospectivos requeriría más de 25 mil pozos y alrededor de mil 923 millones de metros cúbicos de agua dulce, lo que, sostienen, incrementaría la presión sobre las reservas hídricas del país. Además, cuestionaron que el anuncio gubernamental no contemple restricciones claras para el manejo y disposición de los residuos generados por la actividad.
De acuerdo con los colectivos, más de seis millones de personas habitan en zonas donde podría desarrollarse la extracción de hidrocarburos no convencionales o dentro de su área de influencia, por lo que consideran que existirían riesgos para la salud y el acceso al agua.
Finalmente, exigieron una prohibición constitucional del fracking, la participación efectiva de las comunidades en cualquier decisión relacionada con esta técnica, el respeto a la autonomía de los pueblos que rechazan estos proyectos y mayor transparencia sobre las acciones emprendidas por el comité coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).
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