El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá aclarar y, en caso necesario, corregir diferencias detectadas en los registros financieros relacionados con su Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2025-2027, correspondientes al primer semestre de 2026.
La observación fue planteada por Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del instituto, quien advirtió inconsistencias que superan los 68 millones de pesos en los recursos destinados a infraestructura inmobiliaria.
Durante una sesión de la Junta General Ejecutiva, el contralor explicó que la revisión encontró discrepancias entre las cantidades reportadas en el informe semestral sobre el destino y aplicación de los recursos y las cifras registradas por las áreas responsables de las finanzas y las obras del organismo electoral.
Las diferencias fueron identificadas al revisar los recursos autorizados por el Comité Técnico hasta el 30 de junio de 2026, así como la información incluida en el reporte financiero correspondiente al segundo trimestre del año del fideicomiso encargado de administrar recursos para infraestructura, atención ciudadana y mejoramiento de módulos del INE.
Carvente Contreras señaló que las inconsistencias impiden tener plena claridad sobre el ejercicio, aplicación y saldo de los recursos públicos, por lo que solicitó a las áreas involucradas realizar las conciliaciones necesarias y proporcionar información suficiente para verificar el destino del dinero.
El responsable del OIC subrayó que los datos financieros deben coincidir con los avances físicos y administrativos registrados dentro del programa de infraestructura. De esta manera, será posible determinar con precisión cuánto dinero ha sido erogado, comprometido o permanece disponible.
La revisión no implica por sí misma que exista un desvío de recursos, pero sí evidencia la necesidad de aclarar las discrepancias y fortalecer los mecanismos de seguimiento financiero.
El órgano de control pidió que las áreas responsables realicen las correcciones pertinentes para garantizar que la información sea consistente, verificable y permita conocer con precisión el manejo de los recursos autorizados para el programa durante 2026.
