La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa de Ley de Cultura Cívica que propone nuevas sanciones para conductas relacionadas con la discriminación, los daños al mobiliario urbano, la ocupación de asientos reservados en el Metro y la violencia contra personas que expresen afecto en espacios públicos.
La propuesta contempla multas de hasta 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 7 mil 38 pesos, además de arrestos de hasta 36 horas, trabajo comunitario por un máximo de 18 horas y medidas de reparación simbólica, como disculpas públicas, compromisos de no repetición y otras acciones restaurativas.
Las sanciones también se aplicarían a quienes impidan el acceso a establecimientos abiertos al público por motivos relacionados con la apariencia, prejuicios o estereotipos, así como a quienes proporcionen un trato diferenciado injustificado en estos espacios.
En materia de protección del patrimonio, la iniciativa plantea aumentar las sanciones por dañar bienes, estatuas y monumentos de valor histórico. Las multas pasarían de 20 a 50 UMA, alrededor de 5 mil 865 pesos, además de contemplar la reparación económica y material de los daños ocasionados.
El proyecto también incorpora faltas relacionadas con la salud pública, como encender fogatas, quemar llantas o residuos sólidos en la vía pública y contaminar agua potable. Asimismo, propone sancionar la venta de pirotecnia sin autorización y la realización de actividades laborales con atención presencial al público bajo los efectos del alcohol o las drogas.
En cuanto a la protección animal, se contemplan medidas contra la rifa o renta de animales con fines de lucro, privilegiando la prevención y sensibilización, así como acciones ante el abandono de animales en espacios públicos, que se notificará a la Agencia de Atención Animal.
La iniciativa también busca fortalecer la justicia restaurativa y la conciliación. Según el documento, durante el último año se registraron 6 mil 871 conciliaciones en juzgados cívicos. Para ampliar estas alternativas, se propone crear mecanismos voluntarios de solución de controversias, disponibles de manera presencial y virtual en los Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios.
Con estos cambios, el gobierno capitalino plantea combinar sanciones con medidas orientadas a reparar daños, prevenir conductas y resolver conflictos de forma pacífica.
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