En los últimos 20 años, 169 periodistas han sido asesinados en México y el 99 % de estos crímenes permanece sin esclarecerse por completo, de acuerdo con un monitoreo presentado este martes por Reporteros Sin Fronteras (RSF). La cifra equivale a un promedio de ocho comunicadores asesinados anualmente y refleja, según la organización, un contexto de impunidad prácticamente absoluta.
Ante este panorama, RSF llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a implementar con urgencia las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo en el país.
Artur Romeu, director de RSF para América Latina, señaló que durante dos décadas los periodistas han sido considerados una amenaza por estructuras vinculadas con la gobernanza criminal. También denunció la gravedad de los ataques, que incluyen torturas, decapitaciones y el abandono de cuerpos en espacios públicos con mensajes intimidatorios.
La organización atribuyó esta situación a las fallas del Estado y del sistema judicial, además de la participación del crimen organizado y la corrupción. Según sus datos, en 168 de los 169 casos no se ha identificado al autor intelectual ni esclarecido el móvil. En algunos asesinatos, los cárteles aparecen como presuntos responsables o han reivindicado los ataques; en otros existen indicios de su posible participación.
RSF advirtió que señalar al crimen organizado sin destinar recursos suficientes para detener a los responsables y desmantelar las redes de complicidad también compromete la responsabilidad de las autoridades.
Por su parte, la organización mexicana Propuesta Cívica, que colabora con RSF y acompaña a familiares de periodistas asesinados, ha documentado irregularidades en las investigaciones. Entre ellas figuran la pérdida o preservación inadecuada de pruebas, líneas de investigación incompletas, falta de análisis del contexto y coordinación deficiente entre instituciones, así como una presunta falta de voluntad política en determinados casos.
RSF también reconoció avances institucionales. Desde 2006 existe una unidad especializada y, en 2010, se amplió su estructura para crear la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle). Además, desde 2012 funciona un mecanismo federal de protección que, según cifras gubernamentales, tenía incorporados a 701 periodistas al 31 de agosto de 2026.
Las condenas aumentaron de cinco entre 2006 y 2016 a por lo menos 33 durante la década siguiente, mientras que 21 casos han sido esclarecidos parcialmente. No obstante, RSF sostiene que los resultados siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de la violencia.
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