Un operativo de más de 400 agentes policiales desalojó durante la madrugada la acampada instalada en la Puerta del Sol, en Madrid, desde el pasado 26 de septiembre. La protesta denunciaba el encarecimiento de la vivienda, la especulación inmobiliaria y los desahucios de personas en situación vulnerable.
El despliegue se realizó por orden de la Delegación del Gobierno en Madrid, dependiente del Ministerio del Interior español. Participaron 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal, además de bomberos, servicios de emergencia sanitaria, personal de Servicios Sociales y equipos de limpieza.
Durante el operativo fueron retiradas alrededor de 150 casas de campaña, así como mantas, mesas, sillas, utensilios de cocina y otros objetos utilizados por los manifestantes. Dos personas fueron detenidas, acusadas de resistencia a la autoridad.
A través de sus redes sociales, los acampados denunciaron que el desalojo ocurrió con violencia policial, golpes y uso de gas pimienta. En contraste, la Delegación del Gobierno aseguró en un comunicado que la intervención se desarrolló sin violencia. También argumentó que, aunque inicialmente se protegió el derecho de reunión por el carácter reivindicativo de la protesta, las circunstancias y la naturaleza de la acampada habían cambiado después de más de un mes.
La movilización comenzó tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 83 años que llevaba siete décadas viviendo en una vivienda de alquiler. Fue trasladada en ambulancia a un hospital madrileño tras sufrir un cuadro de estrés y ansiedad. Murió el 7 de octubre, once días después de ser expulsada de su hogar.
Su caso impulsó las protestas contra los fondos de inversión inmobiliaria, la especulación y los desalojos en distintas ciudades españolas, entre ellas Barcelona, Valencia y Sevilla.
La Puerta del Sol se convirtió en uno de los principales símbolos de este movimiento, que convocó a una huelga general para el próximo 11 de noviembre. Entre sus demandas están reducir los alquileres a la mitad de su valor actual, retirar a los llamados fondos buitre del mercado inmobiliario y detener los desahucios de personas vulnerables.
Aunque representantes del Sindicato de Inquilinas ya habían levantado sus tiendas para concentrarse en la organización de la huelga, más de 300 personas permanecían en el asentamiento antes del operativo, incluidas personas sin hogar que se habían incorporado a la protesta.
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