La Suprema Corte de Estados Unidos autorizó al gobierno del presidente Donald Trump reanudar la construcción del muro fronterizo y las obras complementarias en la región de Big Bend, Texas, mientras continúa el litigio contra el proyecto. La decisión revocó una suspensión temporal que había sido ordenada por una jueza federal el mes pasado.
De acuerdo con información difundida por CBS News, el máximo tribunal consideró que la medida cautelar retrasaba los trabajos y obstaculizaba los objetivos de la administración estadunidense en materia de seguridad fronteriza. En una resolución de cinco páginas, los magistrados señalaron que el Congreso estableció una preferencia por acelerar la construcción de barreras y caminos en la frontera, incluso mediante excepciones a disposiciones de protección ambiental y conservación.
La jueza Ketanji Brown Jackson votó en contra de conceder la solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia.
El proyecto contempla la instalación de barreras de bolardos de nueve metros de altura, la construcción de más de 320 kilómetros de caminos de patrullaje y alrededor de 27 kilómetros de infraestructura destinada a impedir el paso de vehículos.
Las obras se desarrollarían en Big Bend, una región que comprende más de 800 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México. El territorio incluye el Parque Nacional Big Bend, el Parque Estatal Big Bend Ranch y extensos tramos del río Bravo, por lo que su intervención ha generado preocupación entre organizaciones ambientales y habitantes de la zona.
Para justificar la construcción, el gobierno de Trump argumentó que entre 2021 y 2025 fueron detenidas más de 89 mil personas que intentaban cruzar sin autorización por ese sector. Sin embargo, los demandantes sostuvieron que Big Bend registra el menor número de detenciones entre los siete sectores de la frontera sur, con una proporción de entre 0.3 y 2.2 por ciento del total anual, pese a abarcar más de una cuarta parte de la línea fronteriza.
La demanda fue presentada por una organización ambientalista, un guía de recorridos por el río y una agrupación religiosa, quienes advirtieron que las obras fragmentarían ecosistemas, limitarían el acceso público al río Bravo y afectarían sitios históricos y propiedades privadas.
La jueza federal Kathleen Cardone había ordenado detener los trabajos al considerar que el secretario de Seguridad Nacional excedió sus facultades al emitir las excepciones legales que permitieron iniciar el proyecto. Con la decisión de la Suprema Corte, las obras podrán continuar mientras se resuelve el fondo de la disputa judicial.
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