El encarecimiento del suelo y la vivienda en la Ciudad de México responde a un proceso que comenzó en la década de 1990 con la adopción de un modelo de urbanismo orientado a atraer inversión privada, pero que se aceleró durante la segunda década del siglo XXI con la liberalización del mercado inmobiliario y la expansión de desarrollos comerciales y residenciales financiados por grandes fondos de inversión.
Especialistas en desarrollo urbano de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) señalan que este proceso favoreció la especulación inmobiliaria, redujo las reservas territoriales y propició una oferta de vivienda de alto costo, inaccesible para aproximadamente 95 por ciento de la población.
De acuerdo con el Indicador Banorte de Precios de la Vivienda, el metro cuadrado en la capital alcanza un promedio de 59 mil 829 pesos, casi el doble de la media nacional, de 32 mil 495 pesos. Además, los departamentos nuevos son más pequeños y costosos que los usados. Durante el primer semestre de 2026, su superficie promedio fue de 61 metros cuadrados, frente a 76 de las viviendas usadas, mientras que su precio por metro cuadrado resultó 46 por ciento superior.
Los especialistas Adrián Hernández Cordero y César Alejandro Balderas Segura identifican distintos momentos en esta transformación, desde los proyectos de renovación urbana de los años noventa hasta el Bando Dos y, posteriormente, la liberalización inmobiliaria durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Entre sus consecuencias señalan el desplazamiento de habitantes de colonias como Roma, Condesa y Santa María la Ribera, donde el aumento de los precios ha transformado tanto el paisaje comercial como la composición social.
Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad de México busca recuperar su participación en el mercado mediante la adquisición de reservas territoriales y la construcción de vivienda asequible. El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, informó que la administración ha adquirido más de 300 mil metros cuadrados de suelo, con una inversión de 4 mil 600 millones de pesos, y proyecta superar las 13 mil 500 viviendas construidas al cierre del año.
Sin embargo, los especialistas advierten que la intervención pública debe acompañarse de una regulación del mercado inmobiliario, mecanismos para contener la especulación, restricciones a los usos turísticos de la vivienda y medidas que permitan recuperar parte de las ganancias generadas por las inversiones públicas y las mejoras urbanas.
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